137 kilómetros de vía rehabilitada, testimonio del progreso de la Transversal del Sisga.

La vía Transversal del Sisga se erigió como un proyecto crucial para la conectividad con el centro del país y los Llanos Orientales, el cual está a cargo de la empresa Concesión Transversal del Sisga.

Este corredor vial de 137 kilómetros, que abarca desde el sector del Sisga hasta Agua Clara, comprendió la rehabilitación, construcción y mantenimiento, beneficiando a doce municipios en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Casanare. La concesión, establecida en 2015, tuvo su fase de construcción más intensa entre 2017 y principios de 2022.

El proyecto implicó la rehabilitación del trazado existente, la intervención en más de 120 puntos críticos para la estabilización, el reperfilamiento e iluminación de los 15 túneles para permitir el tránsito simultáneo de vehículos grandes. Asimismo, se realizaron obras en 39 puentes vehiculares y la construcción de infraestructura complementaria como peajes, zonas de pesaje y áreas de servicio. La modernización del sistema de iluminación se extendió a todos los túneles, aunque seis túneles entre la presa y Santa María aún están a oscuras, a la espera de la conexión a la red de media tensión por parte de la empresa de energía de Boyacá Enel-Codensa.

Según la concesión, la intervención en la vía redujo significativamente los tiempos de viaje, de 15-18 horas a 4-5 horas para el mismo recorrido. Además, se generaron aproximadamente 8,889 oportunidades laborales. La empresa destacó la mejora en la transitabilidad con carpetas asfálticas en buenas condiciones y el mantenimiento preventivo y correctivo.

Sin embargo, desde mayo de 2024, la vía Transversal del Sisga experimentó restricciones en once sectores, principalmente en la unidad funcional cuatro, desde Santa María hasta Agua Clara. Estos puntos críticos, según la concesión, no formaban parte de las obligaciones principales del contrato y su atención correspondía al gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La ANI priorizó la intervención de seis puntos, con inicio de obras programado para la primera semana de mayo en el PR35 (sector de Tirivita) de la unidad funcional uno. También se adelantaron estudios y diseños para el PR73, cercano al peaje de San Luis de Gaceno, y se estaban desarrollando diseños para otros puntos afectados por la emergencia invernal del año anterior entre Santa María y San Luis de Gaceno.

Un punto álgido de la situación se centró en el peaje ubicado cerca de la cabecera municipal de San Luis de Gaceno, Boyacá. Desde noviembre de 2024, un sector de la comunidad inició una manifestación pacífica en las instalaciones del peaje, impidiendo su apertura. La inconformidad surgió debido a la falta de atención a los puntos críticos de la vía y a la priorización de solo algunos de ellos por parte de la ANI debido a la insuficiencia de recursos.

Los líderes de la manifestación argumentaron que el contrato inicial contemplaba construcción, mejoramiento y rehabilitación, pero se redujo a rehabilitación y posteriormente a mantenimiento. Señalaron la existencia de más de once puntos críticos solo entre el peaje y Santa María, con intervenciones limitadas a pesar del periodo de verano propicio para obras.

Exigieron compromisos del gobierno nacional y recursos para atender las necesidades de la vía, una vía primaria que, según ellos, no cumplía con las especificaciones técnicas en términos de ancho de vía y bermas.

Las demandas de la comunidad incluyeron la construcción de pasarelas peatonales, bahías de parqueo y la mejora de andenes.

Si bien se lograron algunos avances en cuanto a pasarelas y bahías, persistieron las críticas sobre la ubicación de estas últimas, que supuestamente favorecían propiedades de los líderes de la protesta, aunque estos lo negaron rotundamente, manifestando que las bahías estaban unicamente en la via principal.

La manifestación se sostiene mediante aportes voluntarios de la comunidad y transeúntes, fondos que según los líderes del paro, son destinados también a cubrir los costos de asesoría jurídica ante las acciones legales interpuestas por y contra la concesión. Los manifestantes afirmaron que su protesta era pacífica, sin bloqueos a la circulación de vehículos, incluyendo alimentos y ambulancias.

Respecto al peaje de San Luis de Gaceno, la concesión defendió su legalidad, amparándose en la Resolución No 981 de 2005 del Ministerio de Transporte, que estableció su ubicación. Señaló que su activación era una obligación contractual tras la puesta en servicio de la Unidad Funcional 4 y una fuente esencial de recursos para la operación y mantenimiento de la vía.

Se realizaron más de 50 mesas de diálogo con la comunidad, la ANI, la concesión y autoridades locales para llegar a acuerdos. Se estableció una tarifa diferencial de 1,500 pesos para los habitantes de Santa María, San Luis de Gaceno y Sabanalarga, basada en censos municipales, aunque la ANI continuaba en diálogo para buscar una tarifa más económica.

Inicialmente, se ofreció una tarifa de cero para los usuarios inscritos en los censos. Sin embargo, los manifestantes rechazaron estas propuestas, exigiendo la atención integral de los puntos críticos como condición para permitir el cobro del peaje.

Los líderes de la manifestación cuestionaron el costo del contrato (986,000 millones de pesos según la concesión, o 870,000 millones de pesos en COPES y 1.2 billones de pesos en OPEX según los manifestantes) y la calidad de las obras ejecutadas, alegando incumplimientos en la reposición de alcantarillas y deficiencias en la ampliación de curvas y la iluminación de túneles. Solicitaron la intervención de la Contraloría de Infraestructura para realizar un control fiscal a la vía.

A pesar de la situación, la concesión aseguró que la vía era transitable las 24 horas del día, los 7 días de la semana desde septiembre del año anterior, tras superar la emergencia del río Lengupá. Para la Semana Santa, se dispuso de todos los servicios de operación para garantizar la movilidad.

La controversia en torno a la Transversal del Sisga y el peaje de San Luis de Gaceno evidenció la complejidad de los proyectos de infraestructura vial y la importancia del diálogo entre las concesionarias, las autoridades y las comunidades locales para lograr un desarrollo que beneficie a todas las partes involucradas.

Según algunas personas residentes de la región entrevistadas, se estima que alrededor de 1500 vehículos cruzan diariamente el peaje, y aproximadamente dos de cada tres vehículos aportan un promedio de $2000 cada uno. Esto presuntamente genera un ingreso estimado de 60 millones de pesos al mes .

Sin embargo, al interrogar a los líderes de la manifestación por este tema, han minimizado estas cifras, indicando que el dinero se utiliza para ayudar económicamente a las personas que permanecen en el peaje y para pagar la asesoría legal.

La Concesión Transversal del Sisga ha manifestado su preocupación respecto a este recaudo voluntario, cuestionando su legalidad.