
William Hernando Usma Acosta fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tras ser deportado desde Estados Unidos. Usma Acosta estuvo prófugo de la justicia colombiana durante 27 años, o más de 30 años según otro reporte. Era buscado por la justicia colombiana por homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal.
El crimen ocurrió el 19 de junio de 1994 en el municipio de La Estrella, Antioquia. Usma Acosta disparó a su esposa, Laura Rosa Agudelo, en varias oportunidades mientras ella conducía un vehículo, causándole la muerte. En el hecho, su hija resultó herida al intentar detener a su padre.
Luego del crimen, Usma Acosta huyó a Estados Unidos en 1995, cruzando la frontera con México de manera irregular. En 1998 obtuvo el estatus de residente permanente legal al casarse con una ciudadana estadounidense bajo la identidad falsa de Carlos Alberto Rendón.
Se casó con una ciudadana de ese país, obtuvo la residencia permanente legal en Somerville, Massachusetts, y tuvieron un hijo. Esto provocó su desplazamiento a la ciudad de Belmont, en el mismo estado. Trabajaba en la ciudad de Waltham.
En 2020, al intentar obtener la naturalización estadounidense utilizando un certificado de nacimiento colombiano falso, fue descubierto. Sus registros dactilares fueron comparados con los de la Policía Nacional de Colombia, confirmando su verdadera identidad.
Usma Acosta fue capturado en abril de 2022 por agentes del FBI en Massachusetts, mediante una notificación roja de Interpol. Estaba escondido en un suburbio de Belmont. La operación de captura fue coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE/HSI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
En Bogotá fue recibido por la DIJIN e INTERPOL Colombia, quienes hicieron efectiva su captura en el aeropuerto. Fue puesto a disposición del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, que ordenó su reclusión en la cárcel La Picota en Bogotá. Se espera que cumpla una condena de 28 años y 6 meses. Esta captura representa un esfuerzo conjunto entre organismos nacionales e internacionales para garantizar que los responsables de crímenes graves enfrenten la justicia. Su regreso a Colombia representa un avance significativo en los esfuerzos por llevar ante la justicia a quienes han evadido la ley.