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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas FARC EP por su responsabilidad en cuarenta y cuatro hechos criminales ocurridos entre 1995 y 2005.
Los sentenciados, que se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz, incluyen al excabecilla de una estructura armada, Efraín Quiñones Barreiro, y al articulador financiero César Díaz, entre otros.
Los delitos atribuidos al grupo dejaron 165 víctimas directas e indirectas de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y toma de rehenes. Los casos fueron acreditados por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional.
Entre los hechos específicos que motivaron la sentencia se encuentra el desplazamiento forzado del exalcalde de San Jacinto, Meta, y su familia en 2002, así como el secuestro del exalcalde de Chiscas, Boyacá, en abril del mismo año.
El entonces mandatario municipal fue retenido durante tres días tras desatender una instrucción del grupo armado que prohibía la realización de elecciones locales.
Otro caso destacado es el secuestro de un agente de la Policía Nacional durante una incursión violenta en El Espino, Boyacá, en junio de 1999. El uniformado permaneció en cautiverio hasta que se materializó un intercambio de rehenes con el Gobierno Nacional en junio de 2001.
La condena impone a los cinco procesados penas de 480 meses de prisión, una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
Estas sanciones se aplican bajo la alternativa contemplada en la Ley 975 de 2005, con la condición de que cumplan las obligaciones establecidas en el fallo judicial. El Bloque Oriental tuvo injerencia en diez departamentos, incluyendo Arauca, Casanare, Meta y Boyacá.
