
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 33 Seccional, realizó el 5 de febrero nueve diligencias de allanamiento en Yopal con el objetivo de impactar el tráfico de estupefacientes y la disputa territorial entre bandas delincuenciales que buscan el control de la distribución de drogas en la ciudad.
Según el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Barrero, “esta situación ha generado enfrentamientos entre ciudadanos colombianos y venezolanos en la región”.



Durante los operativos, las autoridades capturaron a tres personas en flagrancia y decomisaron 950 gramos de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y pasta base de cocaína.
La droga incautada equivalía a aproximadamente 1.450 dosis, avaluadas en más de nueve millones de pesos. Además, fueron confiscadas dos armas traumáticas, 17 cartuchos de diferentes calibres, tres grameras digitales y otros elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas.
También se incautaron 31 teléfonos celulares, cinco bicicletas, tres computadores portátiles, dos televisores y otros objetos cuya procedencia es materia de investigación. De acuerdo con información oficial, los tres capturados registraban 25 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como hurto y tráfico de estupefacientes.

Durante la presentación de los elementos incautados, el coronel Barrero afirmó que las motocicletas confiscadas habrían sido utilizadas para cometer delitos como atracos, raponazos y ataques sicariales, los cuales han aumentado en la región en los últimos meses. Según el oficial, los delincuentes modifican el aspecto de las motos hurtadas para dificultar la identificación y rastreo por parte de las autoridades.
Mientras la Policía calificó este operativo como un golpe significativo contra las organizaciones criminales que operan en Yopal, ciudadanos manifestaron su inconformidad en redes sociales. A través de videos e imágenes, han denunciado la presencia de presuntos delincuentes cometiendo robos o circulando en vehículos hurtados.
Además, cuestionaron la efectividad de las autoridades, señalando que los responsables de estos delitos son conocidos y que se sabe dónde ocultan los bienes robados. Sin embargo, en varios casos, los afectados han tenido que recurrir al pago de extorsiones para recuperar sus pertenencias, debido a la inacción del sistema judicial. Este cuestionamiento no solo recae sobre la Policía, sino también sobre la Fiscalía, los jueces y el aparato judicial en general, cuya respuesta ante estos casos ha sido calificada como lenta e ineficaz.