Mujeres que recibieron terreno por ser población vulnerable denuncian que están siendo desalojadas.

Una de las beneficiarias, que según denuncian habría ingresado al proyecto de forma irregular, ha venido apoderándose de los predios de otras mujeres a través de procesos en la corregiduría de Morichal.

En noviembre de 2001 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (incora) hizo entrega de 311 hectáreas de terreno a 20 mujeres cabeza de hogar que hacían parte de la Asociación Amapola, un grupo de población vulnerable, para que allí realizarán proyectos productivos. Terreno ubicado en la vereda Yopitos del corregimiento de Morichal en Yopal.

Según denuncian, la señora Flor Marina Garzón Torres ingeniera industrial de profesión, habría ingresado como parte del grupo de beneficiaria sin pertenecer a las Asociación de mujeres, ni a ninguna población vulnerable, el compañero sentimental de la mujer laboraba en el incoder y habría influido de forma irregular para que fuera incluida en el proyecto.

Durante 5 años las mujeres (excepto la denunciada) trabajaron el terreno y convivían en una misma vivienda ubicada en el sector, debido a problemas de convivencia decidieron dividir el terreno y cada una trabajar en las hectáreas que le correspondiera (15 hectareas), pagaron la topografía y encerraron los predios.

Dos de las beneficiarias, Rosa María Guerrero y Marcela Gavidia Barrera tuvieron complicaciones de salud por lo que debieron salir del terreno, momentos después fueron requeridas por el Incoder ya que el terreno debía ser productivo, ante esto la señora Flor Marina Garzón les propuso que le permitieran usar los predios para ganadería, ellas recibirían un pago y el terreno sería usado, propuesta que aceptaron y así habría quedado registrado en el Incoder.

Años después cuando quisieron volver a sus terrenos al enterarse que la señora Flor Marina había iniciado un proceso en un juzgado alegando posesión de los predios, empezó su pesadilla. Rosa María Guerrero falleció y no regresó a su predio, en el caso de Marcela Gavidia sí lo hizo, desde entonces denuncia que ha sido agredida, amenazada y a puerta de ser desalojada.

El hijo y esposo de Rosa María Guerrero intentaron regresar en 2021 al predio, señalan que fueron sacados a la fuerza, sin embargo insistieron y se establecieron en el predio, pero el martes 16 de mayo fueron desalojados por un proceso que la señora Flor Marina Garzón instauró con el corregidor de Morichal, el cual fue a su favor. Proceso similar avanza en contra de Marcela Gavidia, quien ya tiene orden de desalojo pero se encuentra a la espera de respuesta de una apelación.

En otro hecho, la hija de la señora María Florinda Arias, otra de las beneficiarias, denuncia que Flor Marina Garzón valiéndose de la falta de escolaridad de su madre le corrió la cerca en más de 2 hectáreas y ahora que han querido recuperarlos, también afrontan un proceso por posesión, por querer recuperar su predio han recibido comparendos por parte de la policía.

Los afectados solicitan apoyo de las entidades competentes, ya que dicen sentirse desamparados ante la vulneración de sus derechos, han acudido a la Personería, la Defensoría del Pueblo y no han obtenido apoyo, hoy ven como una persona con mejor condición económica que no debía ser parte del proyecto inicial se queda con sus predios.

Denuncian que el corregidor de Morichal Diego Enrique Gutiérrez no ha tenido en cuenta sus descargos, sienten que está favoreciendo a la señora Flor Marina Garzón Torres y no se explican como están perdiendo un terreno que les entregó el Gobierno Nacional por ser población vulnerable y más aún cuando la escritura está aún en común y proindiviso, a nombre de las 20 beneficiarias del proyecto productivo.