Arroceros protestan en busca de atención del Gobierno por crisis en el sector.

De no encontrar una pronta solución, el país se vería abocado a un desabastecimiento de arroz en los próximos seis meses.

Miles de arroceros provenientes de diferentes regiones del país salieron a las calles para exigir la atención urgente del Gobierno Nacional ante la crisis que, según ellos, vienen enfrentando desde hace varios años. La situación actual no solo pone en riesgo sus medios de subsistencia, sino que también podría resultar en un desabastecimiento de este alimento esencial a finales de 2023 o principios de 2024.

Entre los motivos que llevaron a los campesinos y productores a manifestarse, uno de los más significativos es la posible eliminación del incentivo al almacenamiento, un recurso que se ha pagado durante dos décadas a aquellos que almacenan el grano durante aproximadamente cuatro meses, con el objetivo de mantener reservas para el suministro del consumo nacional.

El Gobierno ha manifestado su intención de desincentivar este proceso, lo que ha generado preocupación en el sector. Según el gerente general de Fedearroz, la entidad que agrupa a los productores de arroz, no se les está proporcionando alternativas para el almacenamiento, lo que ha sumido al sector en una profunda crisis y lo hace sentir olvidado por el Estado.

«Lo que nos han dicho es: simplemente no generen excedentes y quedémonos tranquilos todos, aunque esto pueda generar un desabastecimiento. El Gobierno no nos ha ofrecido ninguna otra alternativa y nos dice que busquemos soluciones. Llevamos 10 años buscando la posibilidad de reemplazar el incentivo del almacenamiento con algún otro sistema, pero no hemos podido encontrarlo. En 1996, cuando se desmontó el Idema, la ley decía que debía crearse un mecanismo que reemplazara sus funciones. Fue entonces cuando creamos el actual sistema junto con el director de Planeación de ese entonces, el doctor José Antonio Ocampo. Este sistema habría costado al Idema 125 mil millones de pesos por almacenar el excedente, mientras que con el incentivo del almacenamiento fueron solo 7 mil millones. No estamos compensando ninguna ineficiencia, ya que los agricultores no son ineficientes. La ineficiencia está en el Estado, que nunca ha cumplido con su tarea», declaró el gerente general de Fedearroz.

Más de 500 mil familias provenientes de 215 municipios dependen económicamente del cultivo del arroz. Muchas de estas familias se encuentran al borde de la quiebra debido a un sistema que los obliga a trabajar a pérdidas, situación que se agrava por los factores ambientales y que resulta en déficits tanto económicos como en las cosechas. Ante esta problemática, los campesinos y productores exigen ser escuchados y atendidos por el Gobierno.

Se ha informado que el 26 de junio los arroceros sostuvieron una reunión con el Ministerio de Agricultura. Según el Gobierno, se establecieron mesas de diálogo y se ha llegado a un principio de acuerdo, mientras que los productores afirman que el Estado no muestra voluntad de negociación. Lo que los arroceros solicitan es que no se pierda el incentivo al almacenamiento