La exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa, conocida como una de las Ministras “Impolutas” de Juan Manuel Santos, enfrenta un proceso legal tras ser imputada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo fue presentado ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías, aunque la exfuncionaria no aceptó los cargos.
Durante su período como cabeza del Ministerio de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, Álvarez Correa – Glen respaldó la adición de los otrosíes 3 y 6 al contrato del proyecto vial ‘Ruta del Sol II’, específicamente el tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar) que benefició directamente a la familia de su cónyuge la también Exministra “impoluta” de Santos Gina Parody.
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La imputación se basa en elementos de prueba obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los cuales señalan que la exministra permitió el trámite y la celebración de los otrosíes sin seguir las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto del Consejo de Estado. Estas adiciones y acciones se llevaron a cabo sin contar con estudios técnicos y sin la autorización requerida del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), tal como lo exige la ley.
Además, se determinó que el tramo Ocaña – Gamarra no guardaba relación con el objetivo principal del contrato ‘Ruta del Sol II’, que era conectar el centro del país con la Costa Caribe. Era una obra transversal con una orientación oriente-occidente, lo cual requería un nuevo proceso de contratación por licitación pública.
En un intento por subsanar algunas de estas irregularidades, la exministra habría solicitado priorizar la convocatoria del CONPES para declarar la importancia estratégica de la autopista ‘Ruta del Sol’ y modificar el plan de inversión. Por otro lado, se estableció que emitió una resolución que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar nuevas estaciones de peaje y aumentar las tarifas en otras existentes, como parte de las cláusulas de los otrosíes y para garantizar más fuentes de financiación.
La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria habría favorecido a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y beneficiado un proyecto fluvial en el río Magdalena, que planeaba establecer una terminal en Gamarra (Cesar). Esto se debía a que la adición del tramo Ocaña – Gamarra a la ‘Ruta del Sol II’ proporcionaba una vía de acceso principal. La investigación reveló que Álvarez Correa – Glen tenía presuntos intereses particulares, ya que antes de asumir el Ministerio de Transporte formó parte de la junta directiva de sociedades relacionadas con la construcción del proyecto portuario, donde varios familiares de su pareja tenían intereses económicos y eran accionistas.
El proceso legal contra la exministra continúa y se espera que se realicen los respectivos juicios y diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.