Funcionaria de la Asamblea denuncia irrespeto y limitación de funciones por parte del presidente de la Corporación.
Prensa
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En un hecho sin precedentes, la secretaria general de la Corporación Diana Milena Jarro, ha presentado una denuncia formal contra el presidente de la Asamblea, Jorge Eduardo García Gutiérrez, por presuntamente irrespetar su fuero y limitar el ejercicio de sus funciones reglamentarias.
En la denuncia presentada ante la Comisión de Ética de la Corporación, la abogada, quien fue elegida mediante concurso el pasado 30 de junio, reveló una serie de irregularidades y actos de sabotaje laboral perpetrados por el presidente de la Duma. Según su testimonio, García Gutiérrez ha desconocido el rol que le corresponde desempeñar en la Asamblea y ha promovido que el personal bajo su dirección ignore sus instrucciones en los procesos administrativos, oculte información y se niegue a cumplir con las tareas asignadas en el desempeño de sus funciones.
La gravedad de la situación ha llevado a la funcionaria a solicitar la intervención de la Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, compuesta por los diputados Luis Alejandro López Ríos, Carlos Fredy Mejía, Esmeralda Bohórquez Peña, Víctor Hugo Tamayo Urrea y Blanca Lilia Vargas Buitrago. La denuncia busca poner fin a los presuntos abusos y asegurar que se respete el debido proceso y la labor de la secretaria general de la Corporación.
El papel de la secretaria general en la Asamblea es crucial para garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades legislativas. Su labor abarca desde la gestión administrativa hasta la coordinación de los procedimientos reglamentarios. Sin embargo, según la denuncia presentada, el presidente de la Corporación ha obstaculizado de manera sistemática su trabajo, lo que ha generado un clima de tensión y dificultades en el desempeño de sus responsabilidades.
Ante estas acusaciones, se espera que la Comisión de Ética inicie una investigación exhaustiva y tome las medidas correspondientes para salvaguardar los derechos laborales y el debido proceso de la secretaria general de la Corporación. Además, se espera que se asegure el correcto funcionamiento de la Asamblea y se evite cualquier interferencia que afecte la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
