Prensa La Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se reunió en una sesión ordinaria en la ciudad de Ibagué para abordar la reciente expedición de la resolución 232, la cual aprueba la asignación de recursos destinados al incentivo al almacenamiento de arroz; en este sentido, Fedearroz manifestó su reconocimiento por la importancia de dicha resolución, ya que representa el resultado de más de 5 meses de intensas negociaciones con el Ministerio de Agricultura.
Desde el primer Consejo Nacional del Arroz celebrado en 2023, la federación sustentó ante el gobierno, la necesidad de establecer un incentivo para el almacenamiento del grano, el cual previamente había sido negado.
Aunque lograron que el Ministerio de Agricultura ajustara el pago mensual por tonelada de arroz paddy seco a 39.900 pesos, una cifra cercana a los costos de almacenamiento, existe preocupación debido a que este incentivo solo será entregado durante 3 meses; dicho período de tiempo resulta insuficiente, considerando que el excedente temporal de arroz debe ser almacenado hasta el inicio del siguiente semestre, cuando será necesario para abastecer al país. Por lo tanto, se espera que se reconsideren y amplíen los plazos para garantizar la sostenibilidad del sector arrocero y su capacidad para responder a las demandas nacionales en el futuro cercano.
Si bien el precio no responde en su totalidad a la petición de los productores, genera una relativa estabilidad ante la situación de incertidumbre que se venía presentando en el mercado y que estaba generando pérdidas en la recolección de la cosecha, lo cual llevó a los agricultores de diversas regiones a justas y comprensibles manifestaciones tanto en Bogotá como en otras zonas productoras.
No obstante, la expedición de la resolución de incentivo, preocupa que en los requisitos para la compra de la cosecha se establece una disminución del 25 al 24 por ciento en la humedad del grano en la zona de los Llanos, lo cual implica una reducción en el precio. No estamos de acuerdo con este cambio, sin haber consultado la opinión de los productores o de haber tenido en cuenta un análisis técnico que demuestre su necesidad.
Mientras en el país no existan más distritos de riego, ni se haga realidad la construcción de infraestructura de secamiento y almacenamiento por parte de los productores, tareas que debe promover el gobierno a través de diferentes herramientas, será inevitable seguir pensando en el incentivo al almacenamiento u otro mecanismo con igual capacidad, para apoyar el proceso de comercialización de la cosecha, a menos que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria nacional.
Un programa como el de “Hambre Cero” como lo quiere el Gobierno, no puede dejar de lado el fortalecimiento de un sector tan decisivo para la soberanía alimentaria como el arrocero.
