En medio de irregularidades se realizó el ‘desalojo’ de tres familias en el sector El Pajonal.
Prensa
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Aunque la corregidora Lucero Chaparro enfatizó que se trataba de una evacuación y no un desalojo, el procedimiento se realizó por la fuerza, ignorando lo planteado por la Defensoría del Pueblo.
Después de residir en la vivienda por cerca de 22 años, las hermanas Guayabo y sus hijos fueron sacados a la fuerza, según los funcionarios de Gestión del Riesgo y de Gobierno de la Alcaldía de Yopal, para salvarles la vida, ya que por la cercanía al río Cravo Sur estaban en riesgo.
Aunque la Defensoría del Pueblo acompañó la diligencia y advirtió a la corregidora de la Niata que el procedimiento no cumplía con los requerimientos exigidos y no estaban dadas las garantías, este se llevó a cabo. A la fuerza entre Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Gobierno sacaron los enseres de la familia Guayabo a la calle, para posteriormente demoler la vivienda.
La Defensoría del Pueblo medió para que se realizara una mesa de trabajo que permitiera una salida pacífica de la familia, en mejores condiciones y garantizándoles sus derechos, que les diera tiempo de buscar un logar donde ubicarse, ya que son cerca de 10 personas, la mayoría de ellos menores de edad. En la que se diera cumplimiento al fallo de tutela de la Corte Suprema que ordena reubicarlos, sin embargo no fue tenida en cuenta la propuesta, la misión era sacarlos.
La entidad les recordó que al ser una evacuación, las personas podrían firmar un documento donde se hicieran responsables de su integridad, conociendo el supuesto riesgo en que se encuentran; nada fue válido para la corregidora y Gestión del Riesgo Municipal quienes llevaron a cabo lo que a todas luces fue un desalojo forzado. Lo que refuerza más la teoría de las tres familias, los sacan por las obras de protección que adelanta la Gobernación de Casanare a través de su oficina de Gestión del Riesgo en la margen derecha del río.
Aunque los funcionarios de la Administración Municipal indicaban que las familias no se habían presentado a la convocatoria para subsidio de vivienda en Villa David, con documentos de radicado en mano la abogada defensora Yeyny Ballesteros les demostró que sí lo habían hecho y que ahora las carpetas no aparecían. Aunque les entegaban un subsidio para arriendo, se incumplió por completo la tutela que ordenaba reubicarlos en otra vivienda propia.
Además de demostrarse varias inconsistencias e irregularidades en el procedimiento y de las advertencias de la Defensoría del Pueblo, la diligencia de evacuación (como fue llamada) se llevó a cabo, dejando entrever un afán por desalojar estas familias, quienes indicaron que durante los 22 años que residieron en el lugar nunca se vieron amenazados por las crecientes del río. Señalaron que fue más peligroso el actuar de los funcionarios que del afluente.
Durante la confrontación que se dio en medio del desalojo, varios menores de edad resultaron afectados, al verse inmersos en medio del altercado, en imágenes quedó registrados como algunos de ellos fueron sometidos con fuerza por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, quienes de forma inexplicable por momentos actuaron como fuerza pública.
Ante el cuestionamiento de porqué solo estas familias eran evacuadas, basándose en el riesgo en que se encontraban, si existían varias más que también lo estarían (según el riesgo planteado), no hubo ninguna explicación por parte de Gestión del Riesgo Municipal, lo que demostraría que no era salvaguardar su integridad la única intención de sacarlos de allí.
Al final, la familia Guayabo no tuvo de otra que sentarse a lo lejos a observar con tristeza y en medio del llanto como era demolida la vivienda que los acogió los últimos 22 años.
