El contrato adjudicado el 4 de agosto de 2021 mediante resolución 330.52.257, por un valor de $42.581.756.719, con un plazo inicial de cuatro meses, se ve cada día más nublado según señala la comunidad pazdeariporeña.
A un año de la adjudicación del contrato la comunidad se encuentra preocupada por la ejecución de dicho contrato, el cual tiene varias inquietudes que fueron analizadas por un grupo de ciudadanos conocedores del tema.
Las dudas de la comunidad se han dado en los siguientes aspectos:
En la etapa de adjudicación.
• Curiosamente en donde varios oferentes se presentaron solo uno fue habilitado y se le adjudicó al único habilitado, en donde la propuesta era exactamente igual al presupuesto oficial, no se cambió ni un peso, mostrando que podría haberse presentado un favorecimiento en la adjudicación.
• Se sacaron oferentes por avales de contadores, lo cual es ilógico y hasta ilegal, al parecer existieron amenazas a los oferentes que quisieron quejarse.
• El valor del presupuesto del oferente ganador al parecer estaba mal calculado, lo cual fue evidenciado por otro oferente pero el comité evaluador hizo caso omiso a la observación.
• El formato del k residual de los evaluadores se encontraría mal y por ende se habría evaluado erróneamente
• Aunque los entes de control tienen la investigación de dicho procedimiento, a la fecha no se ha hecho pronunciamiento, señalan algunas personas que el abogado que apoya a la empresa es un ex procurador, es decir quien los investigaba.
En la etapa contractual.
• No se revisaron los estudios y diseños por parte de la interventoría ni de la obra antes de la ejecución, situación que hubiese evitado muchos inconvenientes, ahora culpan al INVIAS por la realización de los estudios y diseños.
• Las hojas de vida ofertadas para la ejecución no se encuentran en obra, aparecen cada vez que existe algún requerimiento, se les ha requerido por parte de la alcaldía por pagos de seguridad social y el contratista ha hecho caso omiso, es decir ni en el papel están los profesionales que corresponden.
• Se evidencian cantidades que superan hasta 19 veces la cantidades iniciales, lo cual fue avalado por la interventoría sin que existiera aprobación de la alcaldía ni del INVIAS, es decir, sin respaldo presupuestal a pesar que ya existía un modificatorio.
• Se ejecutaron obras sin el aval de la alcaldía ni del INVIAS, lo cual evidenciaría que existen hechos cumplidos.
• Se realizó remoción de cercas de alambre, sin contar con los estudios y diseños, los cuales carecen de sustento ya que se cuenta con un estudio y diseño geométrico, un perfil establecido del cual se derivó la necesidad de esta actividad; la cual no cuenta con soportes suficientes, generando un aumento en el costo de $8.246.587.86, costo que no estaba presupuestado y fue ejecutado, reiterando sin que exista un sustento técnico.
• En el ítem 600.1.1 referente a excavaciones varias sin clasificar, se pretende modificar de 559.22 m3 a 11227.30 m3, lo cual se debía verificar antes de iniciar el proyecto porque aumenta más de 20 veces lo proyectado inicialmente y por ende el valor ascendería a un costo elevado de $1.224.855.605, se demuestra una omisión de la interventoría, del contratista y quizás de la misma alcaldía de paz de Ariporo.
• Respecto al ítem 220.1 terraplén, se realizó uno el cual actualmente con la modificación se generó un aumento en $900.549.511, actividad que fue aprobada y realizada sin la aprobación de la entidad ni del INVIAS. El material del terraplén en los hombros no se instalaría porque según el contratista no es ítem de pago, es decir, el terraplén no serviría para nada, lo que busca otro modificatorio para incluir ese ítem. Adicionalmente lo realizado no sirve en la actualidad ya que por las lluvias y por el tránsito vehicular el material se dañó por la demora en la ejecución.
• Cambio del ítem 320,1 sub base granular clase A – mezcla densa en caliente tipo MDC -420, 2 riesgo de imprimación con emulsión asfáltica, esto hace que el alcance se disminuya enormemente; en la socialización manifestaron que pavimentarían 16 kilómetros y según la modificatoria que quieren realizar, escasamente alcanzarían a 10 kilómetros.
• Se pretende cambiar el punto del material de las canteras, inicialmente era en Paz de Ariporo ahora desean que sea de Hato Corozal, lo cual modificaría el transporte y se perdería más alcance al proyecto, se gastaría en transporte aproximadamente 8 mil millones más, los cuales afectaría gravemente al proyecto.
• Se tardó varios meses un acuerdo con los volqueteros. Al contratista se le entregaron más de doce mil millones de anticipo, el contratista en las actas parciales las justifica en alquiler de maquinaria, al parecer y según denuncian algunos transportadores, con esos recursos el contratista habría comprado volquetas, razón por la cual no ha llegado a ningún acuerdo con los transportadores.
Revisadas las actas parciales, al contratista se le han entregado más de 23mil millones de pesos. La primera acta fue por $6.855.000.000 de lo cual le amortizaron el 30 % de anticipo, es decir le entregaron $4.700.000.000; en la segunda acta se cobró un valor de $5.023.606.973, le amortizaron el 30% del anticipo, entregándole $3.516.000.000.
De la tercera acta por $4.169.000.000 se le amortizó el 30% de anticipo, es decir le entregaron $2.180.000.000. Así las cosas, a la fecha se le habrían entregado aproximadamente $23.170.000.000 es decir, un poco más del cincuenta por ciento del contrato, con tan solo un avance de menos del 40% del contrato.
Extraoficialmente se señaló que la Secretaría de Obras de Paz de Ariporo habría cancelado el pasado 25 de julio de 2022 una cuarta acta parcial por más de $4.000.000.000, de la cual el soporte no se ha subido al SECOP.
Sumados los recursos de esta ultima acta, en total se habrían entregado al contratista la suma de $27.170.000.000, bastante dinero (65% del proyecto) para el poco avance de ejecución registrado, como lo mencionaron en una entrevista llevan menos del 40%, además de otros señalamientos como que el material ahora utilizado no sería el óptimo.
Después de un año del contrato las cuentas no cuadran, en modificaciones se podrían estar perdiendo más de 10.000.000.000 de pesos por la falta de planeación, sumado a que el alcance se disminuiría de 16 kilómetros que manifestaron en la socialización a menos de 10 kilómetros.
Toda esta información recopilada por la comunidad mencionan que fue extraída del SECOP y del informe de incumplimiento que presentó la secretaria de obras saliente, quien se encuentra en licencia de maternidad. Informe del cual ni la oficina jurídica de Paz de Ariporo ni la alcaldesa Eunice Escobar ha realizado pronunciamiento alguno.
En la actualidad se aprobó un modificatorio de parte de la alcaldía, el cual al parecer, sería para legalizar hechos cumplidos, por eso se habrían dado cambios en la Secretaría de Obras. Ahora entre la alcaldía y el contratista culpan al INVIAS por la aparente negligencia que se habría registrado en este proyecto.
En la Procuraduría ha sido interpuesta la queja pero hasta el momento no se ha realizado pronunciamiento sobre el avance de alguna investigación. La Contraloría ha realizado visitas pero tampoco se conocen resultados, en cuanto a la Fiscalía no ha emitido pronunciamiento alguno.
Mientras tanto, el proyecto de pavimentación continúa enredado y ahora el contratista busca ejecutar otro proyecto en Casanare, el cual mantiene detenido mediante una acción de tutela, al parecer apoyado por un exalcalde, quien se habría reunido con la administradora de justicia en primera instancia, por lo tanto en el municipio de Maní existen dudas sobre el fallo emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal, en donde al ser indagado con varios abogados existiría un aparente prevaricato a favor del contratista, pues no se tienen en cuenta la normatividad establecida para la contratación estatal; esta tutela lo que busca es que sea incluído en el proceso licitatorio.
El juez de segunda instancia ordenó la nulidad de todo lo actuado, ya que la juez de primera instancia omitió integrar en debida forma el contradictorio la contestación del municipio y otros integrantes que intervienen en el proceso.
Esperemos que por lo menos se pueda terminar la obra de Montañas del Totumo y no se pierdan los recursos, los cuales provienen de los impuestos de los colombianos y en especial de los casanareños.
De igual manera, los ciudadanos han solicitado al Concejo del municipio de Paz de Ariporo, realizar un control político y un seguimiento serio y responsable a este contrato, ya que ni la interventoría ni el municipio lo han querido hacer.