A tan solo un mes de posesionado como Gobernador, Ortiz Zorro enfrenta su primera investigación disciplinaria.

La Contraloría General solicitó a la Procuraduría investigar disciplinariamente al gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, por la decisión de su administración de suspender el proceso licitatorio que venía adelantando el gobierno anterior para garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2024.

Así lo informó el vicecontralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, durante una visita a Yopal, si bien no se evidencia una pérdida de recursos, se puso en riesgo la ejecución del PAE al no arrancar con el calendario escolar, según Zuluaga.

El funcionario señaló que la gobernación debió buscar mecanismos de diálogo y aclaración de las observaciones de los oferentes antes de suspender la licitación.

Se confirmó que la anterior administración habría dejado todo el proyecto y la licitación avanzados, teniendo en cuenta que la población beneficiaria es la primera infancia, especialmente en el área rural, los que implica un mayor compromiso por parte de las autoridades.  

Ante este llamado de la contraloría, algunos líderes y veedores de la canasta educativa, han manifestado también su preocupación sobre la licitación del transporte escolar, ya que este proceso tarda al menos dos meses y a la fecha no se ha iniciado con el trámite.

Cabe subrayar que la anterior secretaría de educación se destacó por la diligencia en la prestación del servicio y la elaboración de estos procesos de contratación, siendo reconocida su gestión por el ministerio de educación, el buen manejo de estos programas por parte de las anteriores administraciones significaba que el Ministerio les asignara más recursos, ya que la eficiente ejecución generaba mayor confianza para lograr una mejor cobertura de la población estudiantil.

teniendo en cuenta que la anterior administración dejó asegurado el servicio hasta el próximo mes de marzo, garantizando tiempo suficiente para que la nueva secretaría de educación tramitara la contratación y diera continuidad al servicio sin contratiempos.

Ante esta situación, unos 4.500 estudiantes se quedarían sin transporte ni PAE en los próximos meses en todo el Departamento.

Se conoció de manera extraoficial que la actual gobernación evalúa declarar una urgencia manifiesta para realizar una contratación directa de estos servicios.

La Procuraduría deberá determinar si en este caso se presentaron irregularidades en el proceso administrativo.