Prensa El Senado de la República ha aprobado en su último debate el Proyecto de Ley No. 174 de 2023, una iniciativa que tiene como objetivo transformar el acceso al crédito en Colombia y poner fin a los abusivos préstamos conocidos como “gota a gota”. El enfoque de esta ley es proteger a los ciudadanos más vulnerables y promover una competencia justa en el sector financiero, proporcionando alternativas seguras y accesibles para todos.
La senadora ponente, Sonia Bernal Sánchez, explicó que el proyecto busca fortalecer las instituciones que respaldan la economía popular y solidaria. Para lograrlo, se amplía el rango de establecimientos de crédito permitidos, permitiendo que ofrezcan sus productos financieros a entidades territoriales y descentralizadas.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre 2019 y 2021, los préstamos “gota a gota” aumentaron del 13% al 24%, mientras que los préstamos de instituciones financieras formales disminuyeron del 72% al 52%. Esta tendencia refleja las dificultades que enfrentan vendedores ambulantes, amas de casa, transportistas y pequeños comerciantes para acceder a créditos formales, lo que los lleva a recurrir a préstamos informales no regulados, a menudo controlados por estructuras criminales.
El proyecto de ley permitirá que cualquier entidad financiera, incluidas las cooperativas, ofrezca sus servicios y reciba excedentes de liquidez de las entidades territoriales y descentralizadas del orden territorial. Esto no solo ampliará las opciones de financiamiento para estas entidades, sino que también proporcionará productos financieros accesibles a la población vulnerable, evitando que recurran a los peligrosos préstamos informales.
El representante a la Cámara y autor del proyecto, Alejandro Toro, enfatizó que la aprobación de esta ley cumple con el principio constitucional de libre competencia. Además, al inyectar más recursos al sector cooperativo, que presta principalmente a los estratos bajos, se está atacando directamente el problema del “gota a gota”.
La implementación de esta ley promoverá un entorno de igualdad y competencia justa en el sector financiero, beneficiando tanto a las entidades de crédito no bancarias como a las personas de escasos recursos. Además, se espera que esta medida no genere costos fiscales adicionales, asegurando así su viabilidad económica.
