El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un incremento en el precio del diésel, que aplicará inicialmente a grandes consumidores como empresas del sector petrolero, minero y cementero, quienes consumen más de 20.000 galones mensuales.
Esta medida busca alinear el precio de este combustible con las fluctuaciones del mercado internacional y generar un ahorro anual de 600 mil millones de pesos para el Estado.
El anuncio de este aumento no fue sorpresivo, ya que el ministro Bonilla había advertido sobre la necesidad de ajustar el precio del diésel para cerrar la brecha financiera del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Este fondo, que es una herramienta del gobierno para mitigar los efectos de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo en los combustibles que se venden en Colombia, al parecer ha acumulado un déficit significativo debido al congelamiento de precios.

El FEPC fue creado para proteger a los consumidores colombianos de las variaciones extremas en el precio de los combustibles en el mercado internacional. Funciona de la siguiente manera: cuando el precio del petróleo en los mercados internacionales sube, el FEPC subsidia el costo del combustible en el país, evitando que el aumento se refleje de inmediato en las estaciones de servicio. Por otro lado, cuando el precio del petróleo baja, el fondo acumula reservas para compensar futuras alzas.
Sin embargo, en los últimos años, el precio del diésel en Colombia se mantuvo congelado en 9.315 pesos por galón, mientras que los precios internacionales fluctuaron considerablemente. Esto generó un déficit en el FEPC, que cerró 2023 con una cifra alarmante de 20 billones de pesos, exacerbada por los remanentes del ajuste tardío en el precio de la gasolina.
El aumento anunciado por el ministro Bonilla está diseñado para reducir el déficit del FEPC. Según estimaciones, los grandes consumidores, que representan el 5 % del consumo total de diésel en el país, contribuirán significativamente a este objetivo, generando un ahorro de 50 mil millones de pesos mensuales.
Este ajuste se da en un contexto económico desafiante, donde la inflación en Colombia sigue siendo una preocupación. En mayo de 2024, la inflación interanual se situó en 7,16 %, con el sector del transporte siendo uno de los más afectados. Aunque el gobierno asegura que el incremento en el precio del diésel afectará mínimamente a los consumidores a pequeña escala, existe preocupación por el posible impacto inflacionario en el costo de vida, especialmente en el transporte de bienes y servicios.
A pesar de los argumentos presentados por el gobierno, la medida ha sido criticada por algunos sectores políticos que consideran que el uso del FEPC no se está entendiendo correctamente y que el aumento en los precios de los combustibles podría estar motivado por intereses electorales, con miras a recaudar más de 40 billones de pesos para futuras contiendas políticas.
El gobierno, por su parte, defiende la medida como necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del país y cumplir con los compromisos fiscales, en un momento en que la economía colombiana enfrenta grandes desafíos.