De nuevo Casanare es noticia nacional por presunta corrupción en contratación.
Prensa
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Medios de comunicación nacionales revelaron una denuncia que señala presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de transporte escolar en Casanare, valorado en 49 mil millones de pesos. Este contrato, fundamental para la movilidad de los estudiantes en 18 municipios del departamento, ha puesto en duda la transparencia del proceso llevado a cabo por la Gobernación de Cesar Ortiz Zorro.
La denuncia penal, presentada ante la Fiscalía General de la Nación, implica a Karen Santafe, jefa de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Casanare, junto con otros miembros del comité evaluador, entre ellos Javier Colina y Libia Fernández.
La acusación fue radicada por Claribel Vallejo, representante legal del Consorcio Trollanos, una de las empresas que participó en la licitación.
Según Vallejo, la propuesta de su consorcio fue rechazada por el comité evaluador a pesar de cumplir con los requisitos técnicos y de capacidad transportadora solicitados. La denuncia destaca que, aunque se reconoció el cumplimiento de los requisitos por parte de Trollanos, el comité lo descalificó técnicamente, lo que se considera una contradicción injustificada.
Además, el comité evaluador habría desestimado la propuesta de Trollanos por no presentar los certificados de capacidad transportadora de sus empresas colaboradoras, a pesar de que, según la denuncia, se entregaron todos los documentos requeridos.
En contraste, el Consorcio Nuevo Amanecer, que resultó adjudicado con el contrato, no habría presentado el Registro Único de Proponente (RUP) de algunas de sus empresas integrantes, lo que no impidió que obtuvieran el contrato.
La denuncia también cuestiona la falta de experiencia certificada del profesional propuesto por Nuevo Amanecer, lo que se añade a las supuestas inconsistencias en el proceso de selección. Estas irregularidades habrían afectado el derecho a la igualdad entre los consorcios participantes, lo que llevó a la solicitud de una investigación penal por parte de la Fiscalía contra los funcionarios implicados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción.
Este caso se suma a anteriores controversias relacionadas con la contratación de transporte escolar en Casanare. En marzo pasado Casanareonline.co publicó un artículo titulado, “Contrato de transporte escolar por más de 23.000 millones entregado sin licitación a una fundación de la costa atlántica”, donde se informó sobre la entrega directa de un contrato por más de 23 mil millones de pesos a una fundación de la Costa Atlántica, sin licitación y sin consulta previa con la comunidad.
La Gobernación de Casanare emitió el decreto 0066 del 8 de marzo de 2024, mediante el cual asignó la contratación del servicio de transporte escolar al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada. Utilizando una figura legal que les permite realizar una contratación directa con recursos de regalías, la Gobernación designó a este ente de economía mixta de la Costa Atlántica, espontáneamente, dejando por fuera a las empresas casanareñas que tenían la expectativa de prestar este servicio.
Las investigaciones en curso determinarán las responsabilidades en estos hechos que han generado preocupación en la comunidad y entre los transportadores del departamento.
