La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, identificó 19 bienes presuntamente adquiridos con dineros provenientes de la explotación ilícita de carbón, en la modalidad de socavón, por una organización delictiva en Norte de Santander.
Los activos, que incluyen inmuebles, fincas, vehículos y maquinaria pesada, superan un valor estimado de 3.100 millones de pesos y fueron objeto de medidas cautelares de secuestro, embargo y toma de posesión por parte de un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
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Entre los bienes incautados se encuentran dos inmuebles urbanos en Cúcuta, dos fincas en Chinácota y Chitagá, una retroexcavadora, un establecimiento de comercio, dos sociedades comerciales y 11 vehículos entre volquetas, camionetas, camiones, camperos y automóviles.
Estas propiedades habrían sido adquiridas a través de la extracción ilegal de carbón realizada en la vereda Burgua, Chitagá, donde la organización empleaba maquinaria industrial y explosivos para llevar a cabo la minería ilícita.
Las investigaciones señalan que las operaciones ilegales del grupo generaron graves afectaciones al medio ambiente, en particular a las fuentes hídricas que abastecen a Chitagá y Tibú. Se constató la alteración de quebradas, la deforestación de grandes áreas y el deterioro del suelo y los ecosistemas locales, lo que ha afectado directamente la calidad de vida de las comunidades cercanas.
En 2022, nueve miembros de la organización fueron capturados y judicializados por delitos como concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales, y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos. Durante su arresto, las autoridades encontraron herramientas especializadas como martillos neumáticos y sistemas mecanizados, utilizados para la extracción a gran escala del carbón.
La explotación ilegal de carbón en Colombia ha crecido significativamente en los últimos años, afectando principalmente a departamentos como Norte de Santander, Cesar y Boyacá. Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, el 40% del carbón extraído en Colombia se realiza de manera ilegal, lo que representa una importante pérdida de ingresos para el Estado y graves consecuencias medioambientales.
Además, informes de la Contraloría General de la República indican que la minería ilegal genera aproximadamente el 11% de las emisiones contaminantes del país y ha causado la destrucción de más de 10.000 hectáreas de bosque en regiones afectadas por esta actividad. Se estima que las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilícita han logrado recaudar más de 240.000 millones de pesos anuales a través de estas actividades.