Miguel Ángel Pinto Quintero, quien se desempeñó como registrador municipal en Cubará Boyacá, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación debido a su presunta colaboración con estructuras del ELN en el oriente del país.
Según los elementos de prueba, Pinto habría expedido actas de defunción, registros civiles de nacimiento y cédulas de ciudadanía falsas entre 2007 y 2018, facilitando así a cabecillas y miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN eludir a las autoridades.
La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó cargos contra Pinto por los delitos de falsedad ideológica en documento público y supresión, alteración o suposición del estado civil, acusaciones que el exfuncionario no aceptó.
Al parecer, la documentación apócrifa emitida por el exregistrador permitió a los integrantes del grupo armado alterar sus identidades y, en algunos casos, figurar como fallecidos para ocultarse de la justicia.
Por disposición de un juez de control de garantías, Pinto Quintero permanecerá vinculado al proceso de investigación en su contra.