En la sesión plenaria del 6 de noviembre de 2024, donde fue citado el secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez, se escucharon las inquietudes presentadas por ciudadanos de Yopal en temas muy delicados que afectan la seguridad pública.
Durante lo que debió ser un debate de control político, diversos ciudadanos expresaron su preocupación por el funcionamiento sin control de ciertos establecimientos, los cuales operan prácticamente 24 horas al día, generando ruido y desorden. También denunciaron que algunos clientes salen en estado de embriaguez a altas horas de la madrugada, conllevando un riesgo en las vías debido a los accidentes de tránsito, varios de ellos con desenlaces fatales. Además, se mencionó el presunto expendio de alucinógenos dentro de estos locales, un tema que, según los denunciantes, es “un secreto a voces”.
Otro de los temas abordados fue el abandono de terrenos baldíos, los cuales se han convertido en lugares propicios para la delincuencia y ocupación de indigentes. La comunidad sugirió que el gobierno local intervenga en estos “lotes de engorde” y luego facture los costos de limpieza a los propietarios mediante el impuesto predial.
La violencia contra la mujer en Yopal y el departamento de Casanare fue uno de los puntos más graves expuestos durante la sesión. Casos de feminicidio y desapariciones, incluido el de una mujer con discapacidad auditiva que lleva casi dos semanas desaparecida, han alarmado a la comunidad, quienes consideran insuficiente la respuesta de las autoridades y la falta de un pronunciamiento oficial sobre estos incidentes.
El secretario Rodríguez, como respuesta a estas denuncias, presentó un balance del Plan Integrado de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Justicia para el 2024, resaltando los patrullajes en zonas urbanas y rurales, así como las intervenciones en asentamientos como La Resistencia, La Libertad y La Fortaleza. Indicó también que el pie de fuerza actual, con 90 unidades, resulta insuficiente, y señaló los esfuerzos del alcalde Marco Tulio Ruiz ante el Ministerio de Defensa para solicitar un refuerzo de personal de la Fuerza Pública.
Por su parte, el mayor Alejandro Murcia, comandante de la Policía de Casanare, informó sobre los avances en la reducción de delitos, reportando 902 capturas (141 por orden judicial y 761 en flagrancia), 30 allanamientos, y la recuperación de automóviles, motocicletas y celulares. También destacó la creación de 15 Puntos de Atención a Víctimas (PAV), en colaboración con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, destinados a asistir y acompañar a las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación.
Durante la sesión, algunos concejales de las denominadas mayorías afines al alcalde Marco Tulio Ruiz, buscaron mitigar el impacto del control político hacia el secretario de Gobierno. Aunque la citación y el cuestionario inicial provenían de un concejal de la oposición, los concejales de las mayorías presentaron una citación y cuestionario alternativo, a los cuales el secretario finalmente respondió, restando énfasis a las denuncias y preocupaciones expuestas por la comunidad.
Lo que debió ser un control político a el desempeño de un secretario sobre un asunto tan relevante para la comunidad, se convirtió en un balance de las actividades y de alguna manera se minimizaron o se ignoraron las fuertes denuncias presentadas por la comunidad y el Concejal Mauricio Rozo en una frase, encerró el sentir de la mayoría de sus colegas al manifestar que la falta de presupuesto es lo que ha generado más inseguridad.
Juzguen ustedes.