La exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, enfrenta una medida de aseguramiento dictada por una jueza de control de garantías de Bogotá, en el marco de un escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, Ortiz Nova habría facilitado el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos como parte de presuntos pagos de coimas.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Ortiz Nova de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, cargos que ella no aceptó. Las investigaciones indican que la exfuncionaria habría organizado reuniones entre directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez, para facilitar un esquema de corrupción.
Los días 12 y 13 de octubre de 2023, Ortiz Nova habría recibido en un apartamento del centro de Bogotá maletas con 1.500 millones de pesos en cada ocasión, entregadas por Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente. Según el informe, el dinero fue trasladado en vehículos oficiales al norte de Bogotá, donde fue entregado al senador Name Vásquez.
Tras la decisión judicial, Ortiz Nova prendió el ventilador, señalando a Laura Sarabia, actual figura clave en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y sugiriendo nexos con Carlos Ramón González Merchán, exdirector del DAPRE. Estas acusaciones podrían abrir nuevas líneas de investigación sobre posibles vínculos en altos niveles del gobierno.
Por seguridad, la jueza ordenó que Ortiz Nova permanezca en una guarnición militar mientras avanza el proceso. Además, este caso continúa siendo un reflejo del alcance de los entramados de corrupción en Colombia y el impacto en las instituciones públicas.