Tribunal de Casanare decretó pérdida de investidura contra concejales de Trinidad por conflicto de intereses en elección de secretaria.
Claudia Villada
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El Tribunal Administrativo de Casanare admitió una demanda de pérdida de investidura presentada por Juan Pablo Betancourt Barrera contra los concejales Edelmira Goyeneche Duran y José Ismael Córdoba Romero, por su presunta participación en un conflicto de intereses durante el proceso de selección de la secretaria del Concejo Municipal de Trinidad para el año 2025. El expediente, fue asignado a la magistrada ponente Aura Patricia Lara Ojeda, quien emitió el auto admisorio el 24 de enero de 2024, notificado el 27 del mismo mes.
La demanda argumentó que los concejales incurrieron en una violación del régimen de conflicto de intereses al participar en el proceso administrativo para establecer la lista de elegibles para el cargo de secretaria del Concejo. Según el demandante, una de las candidatas, Haengie Katherine Cardona Cardona, había formado parte de la misma lista del partido Alianza Verde en las elecciones territoriales de octubre de 2023, junto con los concejales demandados.
Esta circunstancia, según el Tribunal, configuró un conflicto de intereses conforme al numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que obligaba a los ediles a declararse impedidos desde el inicio del proceso.
El Tribunal destacó que, aunque los concejales aceptaron una recusación en una etapa posterior y se retiraron de la elección final, participaron activamente en fases decisivas del proceso. José Ismael Córdoba Romero, como miembro de la Mesa Directiva del Concejo, intervino en la valoración de los estudios académicos y la experiencia de las candidatas, así como en la ponderación de las calificaciones. Por su parte, Edelmira Goyeneche Duran también participó en la definición de los criterios y competencias a evaluar en las entrevistas, así como en la calificación de las respuestas de las candidatas.
El Tribunal concluyó que esta participación activa en las etapas previas del proceso influyó en la conformación de la lista de elegibles, lo que constituyó una violación del régimen de conflicto de intereses. Por ello, la demanda fue admitida y fallada a favor del demandante, Juan Pablo Betancourt Barrera, quien argumentó que los concejales debieron haberse declarado impedidos desde el inicio del proceso.
Este caso ha generado un amplio debate en la región sobre la transparencia en los procesos de selección de cargos públicos y la importancia de evitar conflictos de intereses en la administración municipal.
