
El Gobierno Nacional de Colombia oficializó mediante el decreto 0302 del 17 de marzo de 2025, el Día Cívico para la Participación Ciudadana en este martes 18 de marzo. Esta jornada especial, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca brindar un espacio para que la ciudadanía se manifieste en respaldo a las reformas sociales que el Ejecutivo ha propuesto, principalmente las de salud y laboral, las cuales han enfrentado obstáculos en su trámite legislativo.
El decreto establece que las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, tanto a nivel central como descentralizado, deben tomar las medidas necesarias para que sus funcionarios puedan suspender sus actividades laborales y la atención al público, considerando así el 18 de marzo de 2025 como un día no hábil en el ámbito laboral para estos.


Según el documento oficial, el objetivo principal de este día cívico es «garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía de expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad». El Gobierno Nacional fundamentó esta decisión en el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía en las elecciones del 19 de junio de 2022, donde se eligió un gobierno con el compromiso de impulsar dichas propuestas. Además, se citaron sentencias de la Corte Constitucional que definen el orden público como un derecho ciudadano y reconocen la reunión y manifestación pacífica como mecanismos útiles para la democracia, así como el artículo 37 de la Constitución Política que prevé este derecho fundamental.
Si bien el decreto nacional exhorta a las entidades territoriales, entes autónomos y las Ramas del poder legislativo y judicial a acoger la medida, se dejó claro que la decisión de declarar o no el 18 de marzo como día no hábil es autónoma para cada una de estas entidades. Asimismo, el decreto exceptúa a los funcionarios y entidades responsables de la prestación de servicios públicos esenciales como policía, salud pública, emergencias, atención y prevención de desastres, movilidad, seguridad y orden público, quienes deberán continuar con sus labores habituales.

En cuanto al departamento de Casanare, la convocatoria no ha tenido el eco que el gobierno eséraba. A pesar de que el Gobernador de Casanare apoyó el día civico, alcaldías como la de Yopal y monterrey laborarán con normalidad, aunque respetando el derecho a la protesta.
Es importante señalar que algunos mandatarios locales de otras regiones del país han manifestado públicamente su decisión de no acogerse al día cívico, priorizando la continuidad de las actividades laborales y los servicios públicos en sus jurisdicciones. Entre ellos se encuentran los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez; Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán; Cali, Alejandro Eder; Villavicencio, Alex Baquero; y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, así como el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá informó que las instituciones educativas del sector oficial de la capital tendrán clases con normalidad, respetando el derecho a la protesta de los docentes fuera de su jornada laboral. Los colegios privados en Bogotá podrán tomar su propia decisión al respecto.
Una de las contradictoras mas vehementes del Gobierno de Gustavo Petro ha sido la Senadora Maria Fernanda Cabal del Centro Democrático, que en sus redes sociales publicó un incisivo mensaje en contra del dia cívico y las movilizaciones. “Mientras Colombia madruga y se esfuerza, Petro y su gobierno dilapidan los recursos públicos y buscan paralizar el país. Los colombianos que trabajan de verdad no caerán en esta farsa petrista, otra maniobra desesperada para vender su fracaso. ¿Qué han recibido en dos años y medio de desgobierno? Nada, salvo inflación, inseguridad y miseria. Y ahí está Fecode, el mismo sindicato que financió a Petro, ahora traicionando a los docentes y respaldando al responsable de su crisis. ¡Qué ironía apoyar al verdugo que les quitó la salud!”
La convocatoria a este Día Cívico representa una estrategia del Gobierno Petro para visibilizar el apoyo ciudadano a sus reformas y ejercer presión política ante las discusiones que se adelantan en el Congreso. Sin embargo, la respuesta dispar de los gobernantes regionales evidencia la diversidad de opiniones frente a esta iniciativa.
La efectividad de este «pulso ciudadano» y el nivel de participación en las marchas a nivel nacional, incluyendo el departamento de Casanare, serán elementos clave para medir el respaldo popular a las propuestas del gobierno y las ya cercanas contiendas electorales.

