
El 26 de marzo de 2025. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana acusada de engañar a jóvenes de su país con falsas ofertas laborales, para luego someterlas a explotación sexual y mendicidad forzada en Medellín.
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y mendicidad ajena. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Según las investigaciones, entre marzo y abril de 2022, Brancho Sulbarán contactó a una joven a través de redes sociales, ofreciéndole trabajo en una confitería en Colombia. Al llegar a Medellín, la víctima y su pareja fueron encerradas en una vivienda del barrio Robledo Aures, donde las amenazaron para obligarlas a mendigar y, en el caso de una de ellas, a prestar servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Tras dos semanas de cautiverio, las mujeres lograron escapar y denunciaron los hechos. La presunta responsable, de 40 años, quedó a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.