Corte Suprema condena a exgobernador de Arauca por irregularidades en contratación y nexos con el ELN.
Claudia Villada
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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia condenatoria contra José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca, por su responsabilidad en el direccionamiento irregular de dos contratos públicos durante su primer mandato (2012-2015).
Los procesos, suscritos en diciembre de 2012 y octubre de 2013, estaban destinados a la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para instituciones educativas del departamento.
La investigación de la Fiscalía Séptima Delegada demostró que los contratos se adjudicaron sin estudios técnicos serios que determinaran costos reales de mercado, violando principios de transparencia y planeación.
Además, se evidenció que los pliegos de condiciones incluyeron requisitos desproporcionados que limitaron la libre concurrencia, beneficiando a oferentes específicos mediante el mecanismo de subasta inversa presencial.
Castillo Cisneros fue declarado coautor del delito de «contrato sin cumplimiento de requisitos legales» y permanecerá privado de la libertad hasta que se defina su condena.
Por otra parte, La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre los bienes de José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca, valorados preliminarmente en 7.624 millones de pesos. Los once inmuebles urbanos, dos rurales, diez vehículos y una sociedad afectados estarían vinculados a presuntas irregularidades en la contratación pública durante sus dos periodos como mandatario (2012-2015 y 2020-2021).
Según las investigaciones, Castillo Cisneros habría entregado parte de la contratación del departamento al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN a cambio de apoyo político en varios municipios. Por estos hechos, fue imputado por delitos como financiación del terrorismo, peculado por apropiación en favor de terceros agravado y concierto para delinquir agravado.
Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El exmandatario ya se encontraba privado de la libertad desde noviembre de 2022 por otros procesos penales.
