Alcaldesa de Hato Corozal fue denunciada ante la Procuraduría y la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratación
Claudia Villada
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La alcaldesa del municipio de Hato Corozal, Ludy Tatiana Piraban Gutiérrez, fue objeto de una queja disciplinaria ante la Procuraduría Regional de Casanare y de una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales.
La acción legal fue interpuesta por la concejal Luz Mila Piñeros, quien argumentó que la mandataria local habría incurrido en violaciones a los principios que rigen la contratación estatal, incluyendo el principio de selección objetiva y el principio de legalidad. Según la denuncia, estas actuaciones podrían comprometer gravemente la validez de su credencial como alcaldesa.
La investigación penal gira en torno al contrato número 110.10.01.118 de 2024-08-15, celebrado a través de la modalidad de contratación directa, por un valor de 21.780.000 pesos. El objeto del contrato era “apoyar los procesos y procedimientos contractuales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo y la Secretaría General y de Gobierno del municipio de Hato Corozal”.
Según la denuncia, el contrato fue adjudicado al señor Simeón Continchara Fuentes, quien no cumpliría con los requisitos establecidos en los estudios previos, ni con lo dispuesto en el Decreto 100.13.003 del 10 de enero de 2004, que regula la escala de honorarios y las condiciones de idoneidad exigidas para este tipo de contratos.
Los estudios previos requerían un profesional con título de posgrado afín al objeto contractual. Sin embargo, al momento de la firma del contrato, el señor Continchara no contaba con dicha titulación, lo cual, de acuerdo con la denuncia, configura una vulneración al marco legal vigente en materia de contratación pública.
La Procuraduría y la Fiscalía se encuentran ahora en etapa de análisis de los elementos entregados, mientras la denuncia sigue su curso legal. Las autoridades deberán determinar si existió una celebración indebida de contrato e interés indebido por parte de la alcaldesa y otros funcionarios municipales implicados.
