Cuestionamientos al Alcalde de Maní por mentir ante el Concejo sobre Presupuesto de Seguridad.

El Alcalde del municipio de Maní, Ferney Chaparro Perdomo, fue nuevamente cuestionado recientemente frente al concejo municipal en relación con la ejecución del presupuesto destinado a seguridad y convivencia ciudadana. Según afirmaciones de los concejales, este presupuesto llevaba alrededor de un año y medio sin ser ejecutado.

Ante el cuestionamiento sobre la inversión de los recursos del fondo de seguridad, que según un concejal contaba con al rededor de 1500 millones de pesos sumando lo de 2025 y el año anterior, el alcalde manifestó que la demora en la ejecución se debía a que la Fiscalía, la Policía y el Ejército, entidades que deben presentar los proyectos para invertir los fondos, no los habían presentado a tiempo.

El alcalde explicó que la distribución del fondo de seguridad se debe realizar entre estas tres entidades, y que son ellas quienes deben justificar cómo gastarán los fondos solicitados. Señaló que, a pesar de que les pedía que pasaran los proyectos, estos no llegaban a tiempo.

Debido a esto, los concejales expresaron su preocupación y disgusto hacia los comandantes de la base del Ejército y la Policía acantonados en Maní, y señalaron que, a pesar de existir recursos, persistían problemas de seguridad como abigeato, robos y hurtos a viviendas.

Se mencionó la existencia de 82 cámaras en el municipio, pero la falta de un centro de mando para operarlas. La percepción de seguridad en la región ha mostrado deterioro. La controversial respuesta del mandatario, culpando a los entes de seguridad, generó indignación entre la duma municipal.

Posterior a esto, en otra reunión del concejo, Pablo Rodríguez Segovia concejal de este municipio, pidió disculpas públicas al teniente coronel Sanabria del Batallón de Infantería número 44 y al subteniente Muñoz de la estación de policía local. Las disculpas surgieron después de que el concejal verificara información previamente declarada por el Alcalde Ferney Chaparro ante el concejo.

Basado en estas declaraciones del alcalde, el concejal había expresado su intención de reportar estas actuaciones de los mandos militares y policiales ante la procuraduría, considerando injusto que la falta de responsabilidad de ellos impidiera la inversión en seguridad municipal.

Sin embargo, el concejal decidió oficiar directamente a la Fiscalía, al comandante del batallón (teniente coronel Sanabria) y al subteniente Muñoz para solicitar explicaciones sobre la supuesta falta de presentación de proyectos. La respuesta recibida de estas entidades contradijo la versión del alcalde.

Según el concejal, el teniente Muñoz respondió que sí habían pasado dos proyectos en lo que iba del año, uno para logística radicado el 31 de marzo y otro para elementos tecnológicos radicado el 18 de febrero, ambos aprobados en comités de seguridad. Por su parte, el teniente coronel Sanabria envió un oficio detallado con los recibidos de la administración por tres proyectos aprobados en comités de seguridad con fechas 21 de enero, 17 de febrero (dos proyectos). Además, anexó la aprobación de otros dos proyectos en 2024, uno el 19 de junio y otro el 1 de octubre.

Ante estas pruebas documentales emanadas de organismos oficiales, el concejal Rodríguez Segovia afirmó que lo manifestado por el alcalde Chaparro ante el concejo «era totalmente falso».

Acusó al alcalde de mentir al concejo y al pueblo maniceño. Resaltó la lamentable situación de seguridad, como la falta de una patrulla motorizada operativa en el municipio debido a la aparente falta de mantenimiento, a pesar de la disponibilidad de recursos y proyectos presentados por las fuerzas de seguridad. El concejal enfatizó la necesidad de invertir los recursos de ley en herramientas para las fuerzas militares y policiales para poder exigirles resultados en la lucha contra la inseguridad.

El incidente subraya la tensión entre el gobierno local y el concejo respecto a la gestión de los fondos públicos y la comunicación oficial, con un concejal apelando a los hechos y pruebas documentales para contradecir una declaración pública del mandatario municipal.