Claudia Villada 
Hace pocos días, el Indev, decidió sellar el Parque Acuático Nacua, una de las atracciones turísticas más representativas de la capital de Casanare.
Pero hasta ahora solo se ha escuchado una versión de los hechos, la del Indev pero para los que han seguido este caso, saben que este solo es el ultimo capitulo de una larga historia.
El consorcio Nacua, empresa que actualmente administra el parque, fue el mismo que lo construyó, un proyecto de la Gobernación que data de más de una década, fue declarado como un elefante blanco y por varios años estuvo abandonado el proyecto; mediante acciones populares fue reactivado y terminado; el gobierno departamental lo entregó al municipio de Yopal, siendo alcalde Leonardo Puentes ya que el predio era de propiedad d ella Alcaldía.
Al parecer, al consorcio se le debía una cantidad importante de dinero y se llegó a un acuerdo con la administración municipal para recuperar su inversión, entregado en concesión la operación del parque, o al menos eso es parte de la “versión oficial”.
Como todos saben, durante el primer año el parque se posiciono como visita obligada de las personas que visitaban Yopal y al parecer todo iba muy bien por un tiempo, hasta que llegó la insufrible pandemia del Covid 19. fue allí donde todo se derrumbó y por al rededor de dos años el parque estuvo prácticamente cerrado.
Cuando se reabrió, el entonces alcalde Luis Eduardo Castro, en su meta de reactivar la economía del municipio, incluyó al parque acuático en sus eventos y promoción de la imagen de Yopal, pero al parecer el golpe fe muy fuerte y no ha podido recuperarse del todo.
Sumado a toda esta pintoresca historia, se supo extraoficialmente que el Indev, al parecer de alguna forma modificó las condiciones del contrato según aduce el Consorcio, y que aumentaron considerablemente los costos de la interventoría y esto habría sido el detonante para que el Consorcio Nacua interpusiera una demanda en contra del Instituto, la cual fe admitida por el tribunal Administrativo, el 7 de marzo de 2025; además se conoció que la notificación de la admisión de la demanda al INDEV ocurrió el 10 de marzo.
El Consorcio Nacua estima sus pretensiones en una cuantía que excede los 9.000 millones de pesos.
Poco después de que el instituto INDEV se enterara de esta acción legal en su contra, al parecer, en represalia, abrió un proceso administrativo por el presunto incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento por parte del Consorcio Nacua, para la posible imposición de una multa, que terminó exigiendo el 28 de abril de 2025.
por su parte, La demanda interpuesta por el Consorcio Nacua alega un desequilibrio económico en el contrato de concesión que data del 22 de octubre de 2019. Según los fundamentos de la demanda, el hecho generador de la pretensión se basa principalmente en los costos de funcionamiento y operación de la interventoría, amparados en el clausulado contractual, es decir, que a la empresa que administra el parque le aumentaron los costos de forma exagerada, cuando el INDEV modificó las clausulas del contrato original, como se puede apreciar en el cuerpo de la demanda que es un documento público.
Los 9000 millones que reclama el Consorcio Nacua, contrasta significativamente con el presunto retraso en los pagos de arrendamiento, que, según los reportes, apenas superaba los 800 millones de pesos.
Expertos y observadores señalan que la reacción del INDEV, abriendo un proceso por mora justo después de ser notificado de una demanda de tan alta cuantía, podría tener implicaciones serias. Es probable que esta acción, en el contexto de la disputa legal más amplia, derive en un detrimento patrimonial que, desafortunadamente, tendrían que asumir los contribuyentes de Yopal con sus impuestos.
El Tribunal Administrativo de Casanare se consideró competente para conocer del caso, dado que la cuantía excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes y el contrato se ejecuta en Yopal.
Mientras tanto, el Consorcio Nacua ha solicitado medidas cautelares dentro del proceso judicial, buscando la suspensión provisional de la Resolución con la que fundamentaron legalmente el sellamiento del parque y la suspensión inmediata del proceso administrativo de incumplimiento iniciado por el INDEV hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Las partes tienen cinco días para contestar las reclamaciones de las medidas cautelares, mientras que el tribunal decide si las acepta o no; en cuestión de días será entregado el fallo el cual podría ser a favor del Consorcio Nacua; en ese caso, el Indev deberá regresar el dominio de este inmueble, levantar los sellos y no intervenir en el parque hasta tanto se dé un fallo definitivo a la demanda admitida.
Los comentarios en redes sociales se dividen en torno a esta situación, por una parte están los que defienden al Indev y exigen el pago del canon de arrendamiento, pero por otra parte están los que sugieren que hay manos “Negras” interviniendo en este proceso que quieren apoderarse de este activo del municipio.
