
La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o Hugo, señalado como el principal articulador de una organización criminal dedicada al contrabando y a la corrupción de funcionarios públicos.
El procesado deberá enfrentar un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer beneficios indebidos.
Según las pruebas recolectadas por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Marín Buitrago habría facilitado el ingreso ilegal de mercancías como cigarrillos, licores, textiles, calzado y cacharrería a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena. Pero su influencia no se limitó al contrabando: también estaría implicado en sobornos millonarios a autoridades.

La investigación reveló que el acusado entregó 13 millones de pesos en efectivo y un teléfono de alta gama a tres policías. Además, habría organizado encuentros en los que terceros ofrecieron a funcionarios regalos como el pago del arriendo de un apartamento en Cartagena, una camioneta, dos celulares de última generación y la escalofriante suma de 902 millones de pesos.
El caso tomó un giro decisivo el 24 de enero de 2025, cuando un juez de control de garantías de Bogotá declaró a Marín Buitrago en contumacia por ignorar tres citaciones judiciales y expresar su negativa a someterse a la justicia colombiana.
Diez días después, el 4 de febrero, se ordenó su captura y posterior ingreso a un centro carcelario, considerando que El Tribunal Supremo de Justicia de Lisboa rechazó la apelación presentada por la defensa de Papá Pitufo, dejando en firme su extradición a Colombia.
Ahora, el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá deberá fijar la fecha para la formalización de la acusación, un paso clave en un proceso que podría desmantelar una de las redes de contrabando y corrupción más audaces de los últimos años.