La Demanda de Amalia Salgado Contra lo que parece ser expropiaciones de tierras del gobierno Petro.
Claudia Villada
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Una ola de inquietud envolvió al país tras conocerse la demanda presentada por la abogada Amalia Salgado ante el Consejo de Estado, un paso audaz contra una circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro.
La medida, que vio la luz el pasado 27 de mayo, ha sido calificada por Salgado como una acción que desgarra el principio de legalidad, vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada y representa una inaceptable extralimitación del Estado.
La líder del Centro Democrático, con una postura firme, argumentó que esta nueva normativa impuso una carga desmedida a los propietarios de predios rurales. Específicamente, para poder escriturar una propiedad en zonas catalogadas como prioritarias para la reforma agraria, los dueños se vieron obligados a diligenciar un formulario electrónico y, posteriormente, a esperar una respuesta de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) o, en su defecto, el vencimiento de un plazo de quince días.
Esta exigencia, según la abogada, sobrepasó con creces la competencia legal de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Salgado ha sido enfática al señalar que la Superintendencia no tenía la facultad de imponer condiciones adicionales a las ya establecidas en la Ley 160 de 1994, la cual es la norma que rige el acceso a tierras rurales y la opción de compra preferente por parte del Estado.
La demanda de nulidad buscó revertir lo que Salgado percibió como una amenaza directa a la seguridad jurídica y a la autonomía de los propietarios. Su batalla legal apenas comenzaba, pero el eco de sus palabras ya resonaba en los círculos legales y políticos del país.
