Admiten demanda contra cobros de créditos educativos del FESCA y el IFC.
Claudia Villada
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El Instituto Financiero de Casanare (IFC) y el Fondo de Educación Superior (FESCA) enfrentan una compleja situación con más de 3.000 procesos judiciales activos por cobro de créditos educativos.
La disparidad de criterios entre jueces civiles y administrativos ha creado un limbo jurídico para miles de deudores, mientras la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo insisten en que estos casos corresponden a la jurisdicción administrativa.
La génesis de esta problemática se remonta a 1993, con el inicio de un convenio entre el ICETEX y la Gobernación de Casanare para la gestión de créditos educativos. En 2008, con la creación del FESCA mediante ordenanza, se facultó al gobernador para liquidar aquel convenio inicial del ICETEX.
De esa liquidación, una cartera de aproximadamente 72.000 millones de pesos en créditos educativos ingresó al departamento al fondo Casanare. Posteriormente, en 2015, la Gobernación cedió esa misma cartera, con un valor cercano a los 72.000 millones de pesos, al IFC. A diciembre de 2024, de ese monto inicial, aún persisten 52.000 millones de pesos pendientes de cobro, lo que da una idea de la persistencia y complejidad de estas deudas.
La magnitud total de la cartera de créditos educativos y empresariales bajo la órbita del IFC es considerable, alcanzando alrededor de 160.000 millones de pesos. De esta cifra, 75.000 millones corresponden a créditos propios del IFC, 41.000 millones al fondo FESCA, y los mencionados 52.000 millones provienen del antiguo convenio ICETEX. En el desglose, se identificaron alrededor de 4.437 créditos del IFC, 2.234 créditos del FESCA y 3.743 créditos remanentes del convenio ICETEX, lo que suma un total de 3.743 procesos ejecutivos en curso. De estos, 1.825 corresponden a la cartera del IFC, 580 a la del FESCA y 1.338 a la derivada del convenio ICETEX.
Esta acción popular busca unificar criterios judiciales y determinar qué deudas siguen vigentes, además de evaluar posibles responsabilidades de exfuncionarios en la mala gestión de esta cartera.
