
La Contraloría General de la República emitió un hallazgo fiscal por $38.954 millones contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), relacionado con el siniestro de dos drones adquiridos para vigilancia aérea en las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII).
Los equipos, comprados mediante el Convenio 483 de 2021 con un presupuesto total de $38.868 millones, nunca generaron información útil para el monitoreo de estas áreas.
La auditoría reveló múltiples irregularidades en la ejecución del contrato, incluyendo seis prórrogas injustificadas que extendieron el plazo por cuatro años e incrementaron el valor en más de $33.000 millones.
Pese a que los dos primeros drones se perdieron en accidentes técnicos no esclarecidos, el comité técnico aprobó la compra de dos equipos adicionales sin evaluar los fallos anteriores.