
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió negar la demanda de pérdida de investidura presentada contra el diputado Heyder Alexander Silva García, quien fue acusado de conflicto de intereses por su participación en el debate sobre la modificación de la planta de personal de la Asamblea Departamental.
La decisión, emitida el 15 de agosto de 2025, señaló que no se configuraron los elementos necesarios para decretar la pérdida de investidura.

El caso surgió tras la creación de un cargo de Profesional para la Asamblea Departamental durante la presidencia de Silva García en 2024, y su posterior oposición a un proyecto de ordenanza que buscaba suprimir dicho cargo.
El demandante, Carlos Ramón Lizarazo Manrique, alegó que el diputado actuó en beneficio propio al defender un acto administrativo que había emitido. Sin embargo, el Tribunal determinó que no existía un interés personal, directo o actual que justificara la causal de conflicto de intereses.
En su fallo, el magistrado ponente Leonardo Galeano Guevara destacó que la intervención del diputado se centró en argumentos de legalidad y no en un beneficio particular.
Además, subrayó que no se demostró vínculo alguno entre Silva García y la funcionaria nombrada en el cargo creado. La sentencia también recordó que la defensa de la legalidad es un deber inherente al ejercicio de la función pública.