Proyectos radicados en Congreso buscan limitar «La recocha» en negociación de paz con grupos armados.
Claudia Villada
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La representante a la Cámara del Partido Verde, Katherine Miranda, radicó un proyecto de ley que busca derogar la Ley 2272 de 2022, norma que estableció las bases jurídicas para la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta ley constituye una prórroga de la Ley 418 de 1997, instrumento que diversos gobiernos han utilizado para establecer diálogos con grupos armados al margen de la ley.
En sus declaraciones, Miranda afirmó que el actual gobierno ha utilizado el pretexto de la paz para negociar con diversos grupos delincuenciales, otorgándoles estatus político, beneficios judiciales y destinando recursos presupuestales, mientras que, según ella, las fuerzas armadas se encuentran desfinanciadas. La congresista también señaló que los índices de delincuencia han aumentado significativamente en todas sus modalidades, calificando la situación actual como «violencia total» en lugar de paz.
Este iniciativa se suma a otro proyecto radicado el pasado 21 de agosto por el representante liberal Hugo Archila, que en lugar de derogar completamente el marco normativo, propone modificaciones para establecer límites claros a los diálogos y crear un marco jurídico más sólido.
Archila describió coloquialmente su propuesta como el fin de la «recocha» en los procesos de paz.
Ambas propuestas legislativas surgen en respuesta a la preocupante situación de seguridad del país. Miranda declaró: «Radicamos esta ley porque Colombia no aguanta más excusas. La seguridad no se negocia con terroristas». Por su parte, Archila argumenta en la exposición de motivos de su proyecto que «los desafíos que enfrenta el país son múltiples y complejos, y se manifiestan en la persistencia de diversas formas de criminalidad».
Estos proyectos competirán con la iniciativa del Ministerio de Justicia, liderado por Eduardo Montealegre, quien presentó el pasado 20 de julio un proyecto de ley para crear un marco jurídico para el sometimiento de grupos armados y bandas criminales con los que el gobierno actual mantiene negociaciones.
