
La Defensoría del Pueblo emitió un concepto crítico sobre el Proyecto de Ley 02 de 2025, conocido como «Ley de Sometimiento», que busca establecer un marco jurídico para la paz total con grupos armados organizados y estructuras criminales de alto impacto.
Si bien valoró positivamente el inicio del debate, la entidad advirtió sobre serios riesgos constitucionales y vacíos en la protección de derechos de las víctimas.
El organismo destacó que la legitimidad del proyecto depende crucialmente de dos factores: la participación efectiva de las víctimas como eje central del proceso y la realización de consulta previa con pueblos étnicos, dado que la normativa afecta directamente sus derechos colectivos.
La Defensoría señaló la ausencia de definiciones claras sobre reparación integral, especialmente preocupante considerando el desfinanciamiento existente en la política pública de atención a víctimas.
Uno de los puntos más controvertidos mencionados es la posibilidad de otorgar beneficios penales a reincidentes en violencia armada.
La entidad consideró que quienes ya accedieron a mecanismos de justicia transicional y reincidieron solo deberían poder someterse a la justicia ordinaria, no a nuevos beneficios. También alertó sobre riesgos de excarcelación sin verificación del cumplimiento de condiciones de verdad, reparación y garantías de no repetición.