Claudia Villada 
El rescate exprés que devolvió la tranquilidad a Pore.
Un operativo ejecutado con precisión quirúrgica por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y el GAULA Militar culminó con el rescate exitoso de la señora María Cenobia Tibaduiza Calderón, de 67 años, quien había sido secuestrada de su residencia en Pore, Casanare. La rápida acción interinstitucional no solo aseguró la liberación de la víctima, sino que también desmanteló una estructura criminal que operaba con exigencias extorsivas.
La señora Tibaduiza Calderón, madre de la exalcaldesa del municipio de Pore, fue reportada como secuestrada por sus familiares el 23 de septiembre de 2025. Según los hechos, sujetos armados y encapuchados ingresaron violentamente a su vivienda en la Finca Las Malvinas, ubicada en la vereda Bocas de Pore. Los captores se llevaron a la señora Tibaduiza junto con su camioneta, una Toyota Hilux de placas HZZ 960.
Tras la denuncia, se activó de inmediato un «milimétrico trabajo de inteligencia» por parte del CTI que se unió al cuerpo élite antisecuestro del GAULA Militar. La labor investigativa permitió establecer que, luego de la incursión, la víctima fue trasladada en su propia camioneta, la cual tomó la vía hacia Paz de Ariporo, desviándose luego por una vía terciaria hacia la vereda Alpes, en jurisdicción de Pore.
El vehículo fue interceptado por las autoridades el mismo día de los hechos, logrando la captura de dos individuos, en el sector del Venado via Yopal Monterrey. Sin embargo, la señora Tibaduiza permanecía en cautiverio.
El operativo de rescate se desplegó en la madrugada del 24 de septiembre de 2025. Con el apoyo crucial de la Fuerza Aérea Colombiana, que facilitó medios tecnológicos y talento humano especializado, las unidades lograron ubicar una vivienda abandonada en la vereda Corocito de Pore, según la versión judicial. Alrededor de las 5:10 de la mañana, los agentes divisaron el inmueble. Al verse rodeados por el cerco de seguridad, tres hombres intentaron huir corriendo, pero fueron interceptados y capturados en flagrancia.
En medio de la confusión, esta valiente mujer, María Cenobia, corrió hacia los uniformados, manifestando que había estado privada de su libertad desde el día anterior. Lo más reconfortante para su familia y la comunidad fue que la liberación se concretó «sana y salva sin realizar un solo disparo».
En total, el procedimiento resultó en la aprehensión de cinco individuos involucrados. Uno de los detenidos era un adolescente de 17 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de Infancia y Adolescencia de Paz de Ariporo, donde avanzan las investigaciones correspondientes. Además, durante la captura en la zona de cautiverio, las autoridades incautaron un arma de fuego, un revólver calibre .38 con once cartuchos, apto para disparar.
La informaciones extraoficiales sugieren que estos individuos hacen parte de un grupo delincuencia organizada, al parecer direccionados desde la cárcel la Picota de Bogotá por Pedro David Nieves Mosquera alias “Garabato”, quien presuntamente contrata personas y les entrega la información y los medios para realizar este tipo de actos ilícitos y presuntamente estaría relacionado con otros delitos de alto impacto ocurridos en los últimos meses en la región, lo que podría conducir a otras capturas en los próximos días.
Nieves Mosquera estuvo sindicado de pertenecer al grupo de delincuencia organizada conocida en esta región como “los Garbanzos”, quienes contaban con una amplia red de extorsiones en diferentes municipios del departamento.
Los imputados, quienes fueron capturados en flagrancia entre el 23 y 24 de septiembre de 2025, fueron identificados como Daniel Aníbal Villamizar Dueñas (colombiano, proveniente de Arauca), Heiler Daniel Cocuy Duarte (colombiano, natural de Casanare), Ramón Alirio González Niño y Yoanthony José Niño Bustamante (venezolanos) ambos hermanos medios y provenientes del estado de Barinas.
La Fiscalía realizó la audiencia de formulación de imputación, comunicando cargos por cuatro delitos graves:
- Secuestro Extorsivo Agravado: Agravado porque la víctima, la señora María Cenobia, tiene 67 años. Además, se utilizó la amenaza para presionar la entrega del dinero.
- Fabricación, Tráfico y Porte Ilegal de Armas de Fuego: Esto debido a la incautación de un revólver calibre .38, el cual se confirmó era apto para disparar y no contaba con permiso de porte.
- Hurto Calificado y Agravado: Por el robo de la camioneta Toyota Hilux de la víctima, un medio motorizado que fue utilizado en el traslado inicial.
- Uso de Menores de Edad en la Comisión de Delitos: Puesto que uno de los participantes en el secuestro era un joven de 17 años.
Dentro de la audiencia, se la fiscalía sustentó que Daniel Aníbal Villamizar Dueñas registra anotaciones en el sistema SPOA por los delitos de Rebelión: Un proceso adelantado por la Fiscalía de Arauca el cual es señalado de haber pertenecido a las FARC en ese departamento y al parecer, luego de la incursión del ELN en esa región, se vio obligado a desplazarse hacia Casanare y Meta; Hurto: Un proceso adelantado por la Fiscalía del municipio de Restrepo, Meta. Y Fabricación, Tráfico y Porte Ilegal de Armas de Fuego proceso que se adelanta en Casanare.
Por su parte Heiler Daniel Cocuy Duarte cuenta con una anotación en el sistema SPOA por hechos ocurridos el 19 de julio de 2022 en Casanare.
Durante la imputación, se detalló que la estructura criminal a través de una llamada telefónica, un sujeto que se identificó a si mismo como «Jason Ramírez» manifestando ser el comandante del frente de guerra oriental Domingo Laín Sáenz del ELN, exigiendo 250 millones de pesos por la libertad de la víctima.
La Fiscalía argumentó que la conducta fue perpetrada bajo la figura de coautoría impropia, mediante un acuerdo mutuo donde los cuatro imputados realizaron tareas específicas para concretar el delito.
A pesar de que la defensa técnica se opuso y cuestionó la falta de prueba sumaria sobre la pertenencia a organizaciones criminales, la representación de víctimas, coadyuvó la petición del ente acusador. Se hizo hincapié en que la gravedad del daño causado a una mujer indefensa de avanzada edad y la zozobra generada a su núcleo familiar justificaban plenamente la medida restrictiva.
La Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento más rigurosa: detención preventiva en establecimiento de reclusión, argumentando un peligro latente para la sociedad y la víctima, además de la falta de arraigo concreto de los imputados. Los cuatro ciudadanos se negaron a aceptar los cargos formulados.
El juez legalizó la captura y y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, rechazando la solicitud de la defensa de imponer medidas no privativas de la libertad (como el domicilio o la vigilancia electrónica), al considerar que estas resultaban insuficientes para proteger los fines constitucionales, dada la extrema gravedad del secuestro extorsivo y el riesgo de que los imputados tomen represalias o dirijan actos criminales desde la residencia.
En consecuencia, el despacho judicial concluyó que la medida de aseguramiento intramural era necesaria, proporcional, adecuada y razonable.
Se decretó formalmente la imposición de detención preventiva en establecimiento de reclusión para los cuatro imputados. Se ordenó librar las correspondientes boletas de encarcelamiento para el centro carcelario de Paz de Ariporo o Yopal Casanare.
A partir de ese momento, los cuatro individuos quedaron formalmente con la calidad de imputados por los delitos de secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad en la comisión de delitos, en concurso homogéneo; además de que su supuesta pertenencia a un grupo armado ilegal deberá ser investigada por la autoridad judicial que le sea asignado el caso.
Este caso refleja la importancia de los avances tecnológicos en manos de los organismos de seguridad del estado, lo cual fue recalcado por la Gobernación de Casanare, y que permitió, en tiempo récord, la liberación de una persona secuestrada y la captura de los perpetradores en flagrancias, salvaguardando la integridad física de la víctima.
La invitación de las autoridades a la comunidad para que denuncien y no sigan entregando recursos económicos a bandas delincuenciales, que solo ayudan a fortalecerlos y que con este operativo impecablemente ejecutado, demuestran que cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con su labor de proteger a la ciudadanía.
