
Una controversia administrativa ha surgido en Villanueva Casanare, luego de que la Alcaldía Municipal solicitara formalmente al personero, Jhon Jairo Echeverría Pérez, el traslado de su despacho a las instalaciones de la Casa de Justicia.
La administración, a través de un oficio con fecha del 24 de septiembre de 2025, argumentó que la reubicación es indispensable para optimizar el uso del espacio público y aliviar el hacinamiento de sus propios funcionarios.
Según el alcalde Héctor Fernando Vizcaíno, la solicitud no constituye un desalojo, sino un esfuerzo por reubicar a la Personería en un espacio ya garantizado y adecuado desde 2023, en el que se invirtieron más de 530 millones de pesos.
Esta infraestructura, ubicada en la carrera 14 del barrio El Progreso, fue diseñada para albergar también a la Inspección de Policía y la Comisaría de Familia, buscando centralizar servicios clave para la comunidad. El alcalde enfatizó que la medida busca dignificar las condiciones laborales de más de 40 funcionarios y contratistas municipales que actualmente trabajan en espacios reducidos.
La necesidad de liberar la oficina actual de la Personería responde a una reorganización administrativa que busca ubicar a directores y secretarios de despacho.


Sin embargo, la respuesta del personero Jhon Jairo Echeverría Pérez, emitida el 30 de septiembre de 2025, expuso una realidad muy distinta. Echeverría calificó el plazo del 1 de octubre de 2025, fijado por la Alcaldía, como «técnicamente inviable e institucionalmente riesgoso». A través de su comunicación, manifestó que un traslado no puede ser una imposición unilateral y apresurada, sino el resultado de un plan concertado que garantice la autonomía y la continuidad del servicio.
El personero desmintió la disponibilidad inmediata del inmueble, señalando que las oficinas propuestas ya están ocupadas por dependencias de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. Más preocupante aún, denunció el grave deterioro estructural del lugar, presentando registros fotográficos y fílmicos de filtraciones en los techos, daños por humedad en el material archivado y salas de espera insuficientes que obligan a los ciudadanos a aguardar en la calle.
Estas condiciones, según Echeverría, no solo afectarían la atención al público, sino que también irían en contra de los mandatos legales que exigen garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las personerías.