
La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el posible incumplimiento del contrato 012 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa extranjera VERTOL SYSTEMS COMPANY para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. El organismo de control inició un seguimiento permanente el 12 de agosto de 2025, tras detectar irregularidades en la ejecución del convenio.
De acuerdo con el informe presentado, existe un riesgo inminente de pérdida de más de 13 millones de dólares de los 16.2 millones desembolsados como anticipo, lo que representa el 50% del valor total del contrato. La situación se agrava por el bajo avance físico de las obras, que alcanza apenas el 8%, a menos de dos meses del vencimiento del plazo contractual, establecido para el 15 de noviembre de 2025.


La Contraloría identificó deficiencias críticas en el proceso de selección del contratista. Según el reporte, la empresa VERTOL SYSTEMS COMPANY no acreditó experiencia técnica ni capacidad financiera suficiente para ejecutar el contrato dentro de los plazos establecidos.
Pese a estas falencias, el comité evaluador otorgó el aval jurídico para su adjudicación, lo que contravino el principio de selección objetiva.
El desbalance entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado evidenció una desproporción crítica. Mientras el contratista recibió 16.231 millones de dólares como anticipo, equivalentes al 50% del valor del contrato, los avances reportados no superaron el 8% de lo pactado. La División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército alertó en tres oportunidades sobre los incumplimientos, mediante oficios fechados el 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025. Sin embargo, el Ministerio de Defensa solo inició el proceso por incumplimiento contractual hasta el 3 de septiembre.

El riesgo de pérdida de recursos públicos se incrementa debido a que la empresa contratista es de naturaleza extranjera, con estructura de responsabilidad limitada, lo que dificulta aplicar medidas cautelares efectivas como embargos sobre bienes en Colombia.
La única alternativa para recuperar los recursos sería acudir a las pólizas contractuales, cuya vigente expira en noviembre de 2025, sin cubrir el posible plazo de liquidación del contrato.
La falta de mantenimiento de la flota MI-17 afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, limitando la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta ante amenazas a la seguridad nacional. La Contraloría concluyó que la reacción tardía del Ministerio de Defensa frente a las advertencias contractuales aumentó el riesgo de daño al patrimonio del Estado.