
El encuentro de reconciliación en Boyacá desveló una verdad incómoda: la justicia y la claridad sobre el conflicto armado en Casanare permanecen «presas» y «extraditadas». Los excombatientes reunidos en el Puente de Boyacá, comprometidos con el proceso de «Del Balazo al Abrazo,» insistieron en que la verdad completa solo se logrará con la participación activa de quienes hoy están recluidos en las cárceles.
El momento culminante llegó cuando los otrora enemigos, despojados de armas y escoltas, se fundieron en un abrazo profundo. Este acto no fue inédito; el historiador Pedronel Pinzón Guiza recordó que este encuentro replicaba el histórico armisticio de 1820 entre Bolívar y Morillo, quienes acordaron la paz bajo un mismo techo con un brindis.


William Mayorga, quien sirvió en las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) bajo Martín Llanos y posteriormente en las AUC bajo alias Otoniel, se mostró en la mejor disposición de contar lo ocurrido durante los años de violencia, incluyendo los temas de la parapolítica que tanto daño causaron, y siguen causando, en la región.
Mayorga señaló que el mismo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, había autorizado a su abogado para contribuir con la paz de Casanare y están dispuestos a dar claridad sobre los líderes políticos que colaboraron con ellos, muchos de los cuales aun se encuentran activos y otros a quienes, según el excombatiente, les financiaron sus campañas al congreso, a gobernaciones y alcaldías.


Un tema doloroso que clama por respuestas es la desaparición forzada. Se estima que en Casanare hay al menos 3250 personas registradas como desaparecidas a causa del conflicto, una herida abierta que urge cerrar.
Mayorga enfatizó que, para esclarecer el panorama en todo el departamento, es imprescindible contar con figuras clave.
«La verdad de todos estos conflictos está en las cárceles,» aseguró. Mencionó específicamente a Martín Llanos, comandante de las ACC en el sur, a Melquisede Henao Ciro alias Belisario y Orlando Mesa alias Diego, excomandantes militares de las AUC en el norte de Casanare, quienes deben ser vinculados al proceso.
La iniciativa de paz es robusta porque, según Yovani García, cuenta con la voluntad de cinco grupos o comandantes que operaron en la región: las Autodefensas Campesinas, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los bloques de la FARC que aun operan en la región, e incluso, miembros de la Fuerza Pública implicados en falsos positivos. Este amplio espectro es crucial para dar respuesta a las víctimas.
Durante la rueda de prensa, se tocó la fibra sensible del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Los firmantes de la FARC manifestaron que, si bien ellos están dispuestos a decir la verdad y a no reincidir, el Estado ha incumplido las reformas pactadas, como la rural integral.


Con una honestidad brutal, un excombatiente recordó que «en Colombia la guerra la han hecho los pobres, los hijos de campesinos y obreros,» y son ellos quienes siguen sufriendo las consecuencias y la falta de cumplimiento estatal.
El llamado se extendió a que el Congreso, las Cortes, e incluso la Iglesia Católica, se manifiesten y se pongan a tono para que esta paz deje de ser un acuerdo firmado y se convierta en una realidad estable y duradera.


El evento también sirvió para aclarar situaciones personales. El exrepresentante Jacobo Rivera, quien fungió como vicepresidente de la iniciativa, fue mencionado en su momento en listas relacionadas con Otoniel. Los mismos excombatientes precisaron que fue víctima del conflicto y que hubo mucha gente como Rivera que fue obligada a participar en aquellas reuniones.
Rivera insistió en que el proceso busca ampliar ese abrazo de reconciliación a otros protagonistas de esa «absurda guerra,» y que las víctimas de Casanare y Colombia exigen la verdad para poder avanzar.

