
La viabilidad de la consulta interna del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre de 2025, ha quedado en entredicho tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que respaldó la postura restrictiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque el Tribunal Superior de Bogotá no anuló directamente la consulta, sí declaró improcedente una tutela interpuesta por figuras clave del oficialismo, como la exministra Carolina Corcho y Gustavo Bolívar.
El centro de la controversia radica en la decisión previa del CNE que condicionó la personería jurídica del Pacto Histórico.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) basó su decisión, contenida en la Resolución 09673 de 2025, en el hecho de que la unificación del Pacto Histórico se encontraba supeditada a la culminación de procesos sancionatorios en curso.

Este argumento es fundamental, ya que las reglas básicas del sistema de partidos no permiten la unificación de colectividades que tienen pendientes procesos sancionatorios. De hecho, el Tribunal Superior de Bogotá, al negar la tutela de Corcho y Bolívar, respaldó la tesis del CNE. La Sala Laboral del Tribunal Superior determinó que el CNE había actuado de forma coherente y equitativa (manteniendo un tratamiento «frente a situaciones análogas»), lo cual significa que no se configuraba una vulneración del derecho fundamental a la igualdad.
En consecuencia, el CNE dejó a medias el proceso de unificación del Pacto. La resolución dejó fuera de la coalición a los movimientos Colombia Humana (el partido del presidente Petro) y Progresistas.
El fallo reciente, al dejar sin efecto una medida cautelar anterior, restablece la vigencia total de la resolución del CNE. El resultado práctico es que la realización de la consulta sigue siendo incierta, dado que varios precandidatos, como Carolina Corcho y Daniel Quintero, quedarían sin colectividad política.
Tras conocerse la decisión judicial que afectó la estrategia electoral de su coalición, el presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse, calificando el fallo como un acto de obstrucción política.
El mandatario utilizó su cuenta de X para manifestar que la decisión es un «sabotaje a la democracia». Petro afirmó que el país está «ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia».
En un tono fuerte de denuncia, el presidente concluyó que «son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique». Esta narrativa es parte de la estrategia del petrismo para enfrentar su enrevesado proceso de unificación, desafiando al CNE y alegando un supuesto entramado institucional que castiga a la izquierda.
La Dura Respuesta del Centro Democrático liderada por el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, ante las declaraciones de Petro fue inmediata y contundente.
Vallejo acusó al presidente Petro de utilizar la decisión judicial como «pretexto para desconocer los procesos electorales en curso». El líder del Centro Democrático enfatizó en X: «Ojo! Petro y su proyecto neocomunista están buscando excusas para no realizar elecciones». Además, Vallejo aseveró que el Pacto Histórico «tenía pleno conocimiento que dicha consulta no se podía realizar».
En sus publicaciones, Gabriel Vallejo no solo se centró en el fallo, sino que también elevó críticas al Gobierno en temas de seguridad. Criticó la política de Paz Total, señalando que fue una acción «premeditada por el Gobierno para entregarle el territorio colombiano al terrorismo y al narcotráfico». Finalmente, aprovechó la coyuntura para instar a la ciudadanía a apoyar la oposición, afirmando que «Colombia necesita a Álvaro Uribe en el Senado».