Juez de Familia clama por apoyo estatal para proteger víctimas de violencia intrafamiliar.
Claudia Villada
3 min de lectura
Diariamente, las víctimas, en su gran mayoría mujeres, acuden a los juzgados sumidas en la desesperación, sintiendo que el juez «no está haciendo nada». Sus agresores continúan llegando a sus hogares, ultrajando, maltratando e incluso golpeando a ellas y a sus hijos, evadiendo además sus obligaciones como padres o parejas. El desasosiego es aún más hondo cuando, en muchos casos, Medicina Legal y los grupos interdisciplinarios han determinado que existe un riesgo inminente de feminicidio.
Desde los despachos judiciales de Yopal se ha levantado una voz de profunda preocupación que expone el desamparo de las víctimas de violencia doméstica, revelando un escollo administrativo que permite a los agresores seguir libres a pesar de las contundentes órdenes de captura en su contra.
El Juez Segundo de Familia del municipio, el Dr. Juan Carlos Flores, explicó ante los medios la compleja situación que viven los juzgados, que actúan como segunda instancia de las Comisarías de Familia.
La labor esencial de estos juzgados es verificar el debido proceso en las actuaciones administrativas y, lo más crítico, convertir las multas pecuniarias no canceladas por los infractores en órdenes de arresto. Lamentablemente, el flujo diario de estos procesos es inmenso, resultando en una cantidad considerable de expedientes con estas medidas excepcionales. En el despacho del Juez Segundo de Familia de Yopal se encuentran represadas, solamente en su juzgado, alrededor de 80 órdenes de arresto sin cumplir, acumuladas entre el año pasado y el presente.
El corazón del problema radica en el incumplimiento de estas sanciones, que pueden ascender hasta 45 días de arresto. La ley colombiana, a través del Código Penitenciario y Carcelario en su artículo 17, establece que son las entidades territoriales las responsables absolutas de cubrir la infraestructura, la alimentación y la vigilancia de las personas detenidas transitoriamente. En este momento, sencillamente, no existe un lugar adecuado en Casanare para recluir a estos infractores.
Los jueces se encuentran atados de manos. La cárcel de mediana seguridad de Yopal se encuentra con un cupo excesivo y solo acepta personas condenadas, excluyendo a quienes poseen una medida correccional administrativa por violencia intrafamiliar.
El arresto de hasta 45 días es la medida última y excepcional, reservada para quienes han sido reincidentes en los actos de violencia. Otros mecanismos de protección, como el desalojo del agresor o las conminaciones, no siempre son suficientes para garantizar la seguridad, pues el maltratador puede regresar más violento o buscar a su víctima en el trabajo o el colegio de los hijos. Las comisarias de familia tienen también la facultad de remitir las diligencias a la Fiscalía General de la Nación cuando la violencia es aún más grave o la incapacidad física supera ciertos límites, convirtiendo el trámite en un proceso penal.
Una mesa de trabajo previa que involucró a la Alcaldía y la Policía logró la captura efectiva de unas diez personas en la cárcel de La Guafilla, pero esta campaña fue temporal y no se ha replicado, dejando las órdenes nuevamente represadas.
El Dr. Flores Juez Segundo de Familia, hizo un llamado a la colaboración interinstitucional. Aunque la justicia continúa trabajando incansablemente, lidiando con la alta congestión de casos que van desde la violencia intrafamiliar hasta las innumerables tutelas de salud y pensiones, el cumplimiento de las órdenes judiciales requiere un trabajo armónico de todas las entidades del Estado.
Mientras las autoridades territoriales no busquen los recursos o construyan los sitios adecuados, las órdenes de arresto seguirán siendo letra muerta, y las víctimas continuarán viviendo con el temor latente de que ocurra una tragedia aún mayor.
