
El panorama político y judicial de Colombia se estremece después de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera un fallo absolutorio a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión exime al exmandatario de las graves acusaciones relacionadas con la manipulación de procesos judiciales y la corrupción de testigos. Este dictamen de segunda instancia ha sido recibido con júbilo por sus seguidores, pero ha desatado una confrontación institucional sin precedentes con el actual jefe de Estado.
La reacción del presidente Gustavo Petro fue inmediata y marcada por el profundo desacuerdo. A través de su cuenta de X, Petro cuestionó con severidad el veredicto, señalando que el Tribunal Superior «repite la historia» al contradecir a la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario colombiano se mostró especialmente inconforme con que consideró como un despropósito que la instancia judicial calificara como «intimidad» una interceptación, que según su concepto fue legalmente realizada por un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, donde supuestamente se escucha la voz de Uribe hablando de sobornos.
Para el presidente, este fallo, según sus palabras, «tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia».
Esta postura presidencial, que cuestiona abiertamente la independencia judicial, provocó una rápida y airada respuesta de diversas figuras políticas, no solo a nivel nacional, pues la opinión públicca internacional también estuvo muy pendiente del resultado de esta decisión judicial.
Francisco Barbosa, exfiscal general, arremetió con dureza, acusando al presidente Petro de ser «una persona sin dignidad». Barbosa escaló la polémica al sugerir que el narcotraficante Pablo Escobar se habría sentido cómodo en el actual Gobierno.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal rechazó que el presidente se sienta con derecho a «calificar de esa manera una sentencia en derecho,» y le increpó por intentar usar la justicia como «arma de aniquilamiento contra sus enemigos políticos».
En la misma línea, Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, recordó al presidente la importancia del respeto a la separación de poderes, señalando que, cada vez que la justicia no le da la razón, «usted ataca las instituciones y divide al país». La sociedad, concluyó Galán, necesita un gobierno que se dedique a administrar y no a vivir de la confrontación.
Mientras el país asiste a este cruce de reproches institucionales, el Centro Democrático celebra la decisión judicial, asegurando que se hizo justicia frente a lo que consideran una «persecución política y judicial». Wilmer Garcés, director del partido en Casanare, subrayó que la defensa logró demostrar que el caso se había basado en «supuestos» y presiones políticas.
Tras conocerse la absolución, el expresidente Uribe ofreció disculpas a la justicia y a la Procuraduría por el tiempo que consumió el proceso. En un tono de gratitud y compromiso, afirmó haber dicho siempre la verdad y pidió energía a la providencia para seguir trabajando por el gran pueblo colombiano.
Sus aliados ven la absolución como una luz verde que, según el Senador Alirio Barrera, lo podría devolver a las calles y «muy posiblemente en un tarjetón buscando votos por Colombia».
Sus seguidores lo perciben como un líder que «cambió la historia de Colombia» y que ahora está libre para retomar las banderas de la Seguridad Democrática que, según afirman sus admiradores, el país necesita con urgencia.
Lo cierto es que este fallo da un vuelco total a las campañas políticas que están iniciando apenas en el territorio nacional.