Funcionaria de personería habría facilitado crimen de líderes religiosos en Calamar Guaviare.
Claudia Villada
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas señaladas de ser integrantes del frente Armando Ríos, disidencia de las FARC, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada y homicidio de ocho líderes religiosos y sociales en la zona rural de Calamar, Guaviare. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de abril.
Los investigados fueron identificados como Miller Leonardo Garrafa Neira, alias «Miller» o «El Tuerto»; Jorge Eliecer Ávila, alias «Yucape»; y Angie Liseth Jaramillo Arias, alias «La Crespa», quien se desempeñaba como secretaria de la Personería Municipal de Calamar.
Según la investigación, cada uno cumplió roles distintos en la planeación y ejecución del crimen.
De acuerdo con las autoridades, alias «Miller», considerado cabecilla de la estructura, habría ordenado citar a los líderes religiosos bajo el falso argumento de que planeaban crear una red del ELN en la región, solo porque provenían del departamento de Arauca.
Una vez en el lugar, los religiosos fueron retenidos por hombres armados, trasladados a una zona selvática conocida como Cofre, cerca del río Itilla, y asesinados con armas de fuego. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común.
La Fiscalía confirmó que los cuerpos encontrados corresponden a Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
Los ocho provenían del departamento de Arauca, pero ya estaban asentados desde hacía unos años en la región del Guaviare y eran referentes en la comunidad. La imagen de la portada, es la última foto con vida de cinco de ellos (Hernández, Valero, Caicedo, García y Peñalosa) y fue encontrada en el teléfono celular de un disidente capturado.
A alias «Yucape» se le atribuye la custodia de las víctimas y la coordinación del grupo armado que ejecutó los hechos, además de amenazar a la comunidad para evitar que denunciara lo ocurrido. Por su parte, Angie Jaramillo, la funcionaria pública, habría proporcionado información sobre el movimiento de la fuerza pública y los lugares donde se encontraban las víctimas, facilitando así el crimen.
Los tres imputados fueron acusados de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos. Los cuerpos de las víctimas fueron localizados y exhumados en julio pasado, gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, el Ejército, la Policía y Medicina Legal.
