La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) enfrenta una crisis financiera y operativa sin precedentes, con un déficit que supera los 30 mil millones de pesos, según las últimas estimaciones. La situación se ha agravado de manera significativa tras casi dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, iniciada en octubre de 2023.
En una reciente reunión entre el superintendente Felipe Durán Carrón, el alcalde Marco Tulio Ruiz, representantes de la Gobernación de Casanare y Corporinoquia, se analizaron los graves riesgos que amenazan a la empresa, incluyendo la posibilidad de liquidación o privatización.
Sin embargo, al término del encuentro, el Superintendente se negó a explicar públicamente la catástrofe generada por sus Agentes Interventores, negándose a responder los cuestionamientos sobre el actuar de sus funcionarios y la responsabilidad que les atañe ante el evidente descalabro económico durante los dos años de intervención. Su silencio aumentó la preocupación y los interrogantes entre la comunidad.
Cabe recordar que el informe de diagnóstico de la empresa estaba previsto para ser entregado tres meses después de la toma por asalto de las instalaciones de la EAAAY por parte de la Superintendencia, ocurrida en octubre de 2023. Sin embargo, dos años después, los yopaleños aún desconocen con certeza los motivos reales que llevaron a la intervención de su empresa de servicios públicos.
La senadora Sonia Bernal, quien participó en la reunión, señaló que la intervención no ha dado los resultados esperados. Las causas originales que motivaron la medida —contabilidad incorrecta del agua, servicio ineficiente y malos indicadores— no solo persisten, sino que se han profundizado.
A estas se suman nuevas dificultades, como la acumulación de deudas con proveedores y los elevados costos de la burocracia impuesta por la Superintendencia.

Y es que resulta ofensivo, que el 60% de los ingresos de la empresa, se vayan a pagar los altísimos sueldos de los funcionarios designados por la superintendencia y los cuantiosos bonos y primas de los sindicalistas, que como ya se ha dicho en otras ocasiones, fueron quienes gestionaron la intervención de la empresa cuando esta tenía un déficit de 7000 millones, pero que han guardado un profundo silencio ahora que este supera los 30.000 millones de pesos.
Durante este periodo, cuatro agentes especiales han estado al frente de la EAAAY, sin lograr revertir el deterioro. En el ámbito operativo, la empresa sigue presentando fallas críticas: medidores obsoletos que generan cobros inexactos, un relleno sanitario que opera a solo el 21% de su capacidad y una planta de tratamiento de aguas residuales que incumple los parámetros de vertimiento, afectando fuentes hídricas y suelos.
Ante la posibilidad de que la empresa sea devuelta al municipio, el alcalde Ruiz ha expresado su disposición para recibirla, con el fin de evitar que caiga en manos de intereses politiqueros o corruptos.
No obstante, expertos y veedurías ciudadanas advierten que, en las condiciones actuales, la devolución sería inviable, pues transferiría al municipio una deuda que ha crecido de casi 8 mil a más de 30 mil millones de pesos, la pregunta es, ¿quien asumirá estas pérdidas?.
Para el próximo 12 de noviembre, la Superintendencia se comprometió a entregar un diagnóstico actualizado de la EAAAY. A partir de ese informe, se definirá durante la primera semana de diciembre si la empresa retorna al municipio o si, por el contrario, se opta por su liquidación o privatización.