Por orden judicial desconectan servicios públicos en los barrios Cimarrón y Villa Rita de Yopal.

Los barrios Cimarrón y Villa Rita se han convertido en el triste ejemplo de las consecuencias de adquirir viviendas de urbanizadores sin licencia, una práctica lamentablemente extendida en la región. Durante tres décadas, familias enteras construyeron sus sueños en estos terrenos, confiando en escrituras que hoy resultan insuficientes ante la cruda realidad: la falta de licencias urbanísticas ha desencadenado una orden judicial que no solo amenaza con dejarlos sin techo, sino que ya los ha dejado sin los servicios básicos más elementales.

Más de ochenta familias de los barrios Cimarrón y Villa Rita en Yopal amanecieron sin servicios públicos básicos este miércoles tras un operativo judicial que ordenó la desconexión de agua, energía y gas. La medida se ejecutó en cumplimiento de una orden de desalojo relacionada con la irregularidad en el origen de estos asentamientos, ubicados en la zona aledaña al aeropuerto El Alcaraván.

Empresas prestadoras de servicios, acompañadas por efectivos de la Policía Nacional, llegaron en horas de la madrugada para realizar los cortes. Los habitantes, entre los que se cuentan niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, describieron la acción como un acto inhumano que vulnera sus derechos fundamentales.

Según los residentes, aunque la mayoría cuenta con escrituras de sus predios, el urbanizador original nunca obtuvo las licencias necesarias para legalizar el desarrollo urbanístico. Esta irregularidad, que se arrastra desde hace aproximadamente treinta años, derivó en el fallo judicial que ahora ordena el desalojo y la suspensión de los servicios.

Durante el operativo se registraron enfrentamientos entre la comunidad y la Fuerza Pública, que permanece en la zona para garantizar el cumplimiento de la medida. Los afectados hicieron un llamado urgente a la Alcaldía de Yopal y a la Gobernación de Casanare para que intervengan y gestionen la reconexión de los servicios.

En medio del desarrollo del operativo, se reportaron agresiones por parte de uniformados contra comunicadores que cubrían los hechos. Aunque no se reportaron lesiones físicas graves, el incidente fue denunciado como un intento de obstaculizar la labor periodística.