Claudia Villada 
Ante el asesinato de uno de sus directivos, la Federación Nacional de Arroceros alzó la voz para exigir justicia y poner el foco en la inseguridad rural. Campo Elías Urrutia Vargas, miembro de la Junta Directiva Nacional de Fedearroz, fue asesinado en su finca de Tauramena, Casanare.
El gerente general de la Federación, Rafael Hernández Lozano, utilizó términos contundentes para rechazar el crimen. En su declaración, sostuvo que este hecho «reitera una vez más la gravedad de la terrible ola de inseguridad que afecta al campo colombiano». Con esta frase, la entidad gremial conectó el homicidio individual con un problema de seguridad más amplio que, a su juicio, pone en riesgo a los agricultores y líderes del sector.
La víctima era una figura de relevancia en el gremio. Además de su rol como productor, Urrutia Vargas ejercía como docente y había integrado el Comité de Arroceros de Aguazul antes de ser nombrado para la junta directiva nacional en diciembre del año pasado.
Fedearroz no se limitó a lamentar la pérdida. Emitió una exigencia formal dirigida a las autoridades, pidiendo una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. El comunicado subrayó que la seguridad de los agricultores y líderes gremiales es «fundamental para la paz y el desarrollo del campo colombiano», e instó a las autoridades a redoblar los esfuerzos para garantizarla.
La institución, junto a todos sus funcionarios y afiliados, extendió sus condolencias a la familia del productor, asegurando que su legado perdurará en el sector arrocero.
