“Los buses urbanos en Yopal también son piratas”, manifestó conductor de InDrive que le inmovilizaron su vehículo.
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Las autoridades de tránsito de Yopal han inmovilizado varios vehículos particulares que presuntamente prestaban servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales como InDriver, Uber y similares en la capital casanareña.
Según informaron las autoridades, los conductores deben asumir las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito por transporte informal, tipificada como infracción D12. La multa equivale a un salario mínimo legal vigente y conlleva la inmovilización del vehículo por cinco días. En caso de reincidencia, la sanción podría extenderse hasta por 20 días y sumarse la suspensión de la licencia de conducción hasta por seis meses.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar únicamente transporte autorizado. Sin embargo, usuarios y conocedores del sistema han señalado serias irregularidades en el servicio de transporte público de Yopal.
En redes sociales, la ciudadanía se ha manifestado sobre el tema. Un usuario comentó que en varias ocasiones ha utilizado servicios por plataforma en vehículos limpios, cómodos y con conductores respetuosos, destacando la calidad del servicio en contraste con el transporte público tradicional.
Un transportador que conoce a profundidad el tema señaló que el servicio de buses urbanos en Yopal es decadente, con un parque automotor envejecido y conductores que, en muchos casos, carecen de seguridad social y aportes a pensión. «Es de público conocimiento que en otras ciudades capitales este servicio no sufre la persecución a la que se ha visto en Yopal, acá, donde los buses de servicio urbano son decadentes, muchos de ellos presuntamente ni siquiera cuentan con SOAT», manifestó.
El transportador añadió que Yopal sería la única ciudad capital de Colombia que no tiene reglamentado el servicio de transporte público mediante una política pública. «En esencia, todos los buses que funcionan en Yopal también son piratas», afirmó.
El Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMUR) no ha sido actualizado en más de una década, una falencia que ningún político ha querido asumir. Esta situación impide realizar inversiones o facilitar créditos a las cooperativas para modernizar las flotas, e incluso establecer legalmente las rutas.
El contexto reabre el debate en la capital casanareña sobre la posibilidad de permitir o regular el funcionamiento de vehículos particulares a través de plataformas digitales, frente a las necesidades de los usuarios y las falencias del transporte público actual.
