La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, realizó una Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para la vigencia 2025. El organismo de control detectó diez hallazgos con incidencia fiscal por 176.795 millones de pesos.
También se determinaron doce hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con presunta incidencia penal.
Como resultado de la auditoría, no se feneció la cuenta del FOMAG para la vigencia 2025. Esta decisión se fundamenta en la subestimación del pasivo en cuantía de 598.363 millones de pesos, por la inadecuada reclasificación contable de obligaciones de sanción por mora, que representan obligaciones claras, expresas y exigibles.

El hallazgo de mayor cuantía corresponde al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses a la Unión Temporal Medisalud, que atiende la Región 4 (Boyacá, Casanare y Meta), y a la UT Redvital, de la Región 8 (Antioquia y Chocó), por 133.255 millones de pesos. La Contraloría consideró que dicha erogación estaba bajo la responsabilidad de los operadores salientes y entrantes, de acuerdo con las cláusulas de los contratos médico-asistenciales.
Otro hallazgo significativo se originó en la atención a una denuncia interpuesta por la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora. Al seleccionar una muestra de 1.105 pagos, se evidenciaron erogaciones irregulares a docentes pensionados por concepto de prima de mitad de año, sin el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales o en contra de decisiones judiciales ejecutoriadas, generando un detrimento al erario de 27.982 millones de pesos.
La auditoría también estableció un hallazgo de alta cuantía relacionado con la destinación indebida de recursos del Fondo al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, por 5.479 millones de pesos, lo que ocasionó detrimento fiscal, teniendo en cuenta que los recursos del FOMAG son de destinación específica conforme a la Ley 1995 de 2019.

Otros hallazgos de alta cuantía se establecieron al determinarse que, con recursos del Fondo, se pagó de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales o definitivas y fallos relacionados con sanción mora y pensiones, por lo cual se desembolsaron sanciones moratorias por 2.531 millones de pesos e intereses moratorios por 6.738 millones de pesos, debido al incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 177 del Código Contencioso Administrativo y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
También se detectaron pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por 419.181.784 pesos, y mayores valores pagados a docentes por concepto de pensión por invalidez y sanción mora, por 369.199.183 pesos.
La Contraloría reiteró que estas situaciones han sido advertidas de manera recurrente durante sus ejercicios de control fiscal. El organismo llamó la atención sobre la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, y las entidades territoriales, e insistió en la necesidad de desarrollar mecanismos que solucionen estas situaciones y eviten que se sigan presentando pagos que lesionan el patrimonio público.
