Contraloría General decretó intervención funcional de oficio en contratos firmados por la EAAAY.
Prensa
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La Contraloría hará seguimiento a los contratos de colaboración estratégica empresarial firmados por la empresa de acueducto de Yopal para la construcción de una nueva PTAR y el aprovechamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario.
Después de los llamados hechos por diferentes actores y las denuncias instauradas contra los dos contratos, la Contraloría General de la República hizo un análisis detallado de los contratos 147 y 148 firmados en marzo de 2022, hallando algunas situaciones especiales, por lo que toma la decisión con la finalidad de verificar si se cumplió con los requisitos legales para la celebración de los contratos y si existe un riesgo de incumplimiento de los mismos, que afecte la prestación de los servicios públicos.
El efecto de la intervención funcional abarca todos los ejercicios de vigilancia y control sobre el respectivo objeto de control fiscal, incluyendo entre otros, auditorias, actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo y se extenderá hasta la culminación de los contratos.
Según la resolución del entre de control, respecto al contrato 147 sobre el relleno sanitario El Cascajar, se observa que el contrato estima un aprovechamiento del 70% de residuos sólidos, sin embargo, no especifica parámetros mínimos de operación aceptables, es decir, el contratista podría no operar en determinado caso disminuyendo así el beneficio esperado en reducción de residuos sólidos a disponer.
Respecto a la sostenibilidad económica del proyecto señala «toda vez que este contrato tiene un flujo de caja proyectado a 25 años, no es clara la rigurosidad no detalle del estudio económico de este contrato, que permite evaluar si la operación es viable y sostenible en el tiempo (…) adicionalmente, el no cumplimiento del contrato podría causar el colapso del relleno sanitario El Cascajar»
Acotando que, en este sentido el diseño actual del contrato y su planeación financiera no permite garantizar la sostenibilidad económica de la operación y podrá causar sobrecostos ante un posible incumplimiento, así como un impacto negativo a la situación financiera de la empresa.
En lo referente al contrato 148 para la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la Contraloría indica que no se observó una evaluación rigurosa de las fuentes de financiación del proyecto, lo que pondría en riesgo su ejecución, tampoco se advirtió un modelo financiero riguroso que permita garantizar la sostenibilidad de la ejecución y la operación durante 30 años del contrato.
De otra parte, se estimó una tarifa a pagar al contratista por m³ de agua tratada, pese a ello tampoco se encontró un estudio detallado de la razón de la misma, hecho que podría causar variaciones importantes y comprometer la sostenibilidad del modelo financiero y la situación financiera de la EAAA, tampoco se muestra un análisis detallado de la cantidad de m³ a procesar.
Respecto a las estimaciones de costo de capital que fueron hechas en dólares, señala la Contraloría que el valor de la inversión está hecha en pesos y no está bien definido que sucedería ante el cambio abrupto de la Tasa Representantiva del Mercado (TMR) con respecto al dólar. Ante estas situaciones tomó la decisión de decretar la intervención funcional de oficio.
Con la finalidad de que la Contraloría General de la República asuma su control fiscal, dada la transcendencia e impacto económico, social y ambiental que implica en el ámbito local el adecuado funcionamiento de los dos contratos para la correcta prestación de los servicios públicos.
Por su parte la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal informó mediante un comunicado que recibe con beneplácito la decisión adoptada por la Contraloría General.
