Recalca la Contraloría que presentan riesgo de incumplimiento en el inicio oportuno de la prestación del servicio debido a una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación.
Del total de 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 9 de ellas, Yopal, Córdoba, Valledupar, Sucre, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga presentan riesgo de incumplimiento. Asegura el ente de control que desde diciembre del 2022, a estas 9 ETC les fueron asignados más de $124 mil millones para la vigencia 2023 destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
A corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación, Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.
La Contraloría General de la República hizo un llamado de atención a estas 9 ETC, ya que desde el 7 de diciembre de 2002 (a través de la Resolución No. 359) les fueron asignados los recursos para ejecución del PAE vigencia 2023 en sus territorios.
Dicha falencia la identificó la Contraloría General en el marco del seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que realiza a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Alimentos Para Aprender (UAPA).
La Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez Vela, recordó que “El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021”.