Prensa Nelson Javier Suescún Gómez, representante legal de Ingenicontec, en un breve comunicado a la opinión pública hizo referencia a la polémica suscitada.
Cerca de ocho días después de que se conociera sobre la denuncia instaurada por el Contralor Departamental Cipriano Castro, sobre presuntos hechos de corrupción en el contrato de mejoramiento de la PTAR existente y construcción de la nueva, el contratista, quien aparece en el polémico video se pronunció.
El contrato al que hace referencia es al de colaboración empresarial en alianza estratégica No 00148.22 cuyo objeto es, «transferencia tecnológica de la PTAR existente con tecnología KWI para un Qm: 500 LPS, eficiencia> 90% y lodos tratados N-Virus, y diseño y construcción de la nueva PTAR Qm: 1500 LPS, y diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Yopal, Casanare» suscrito por la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con la empresa Ingenierías y Construcciones Técnicas S.A.S.
Actualmente se encuentra suspendido por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal ante una acción popular instaurada por el exalcalde Leonardo Puentes. La semana anterior se dio a conocer la denuncia instaurada en la Corte Suprema de Justicia, Procuraduría y Contraloría General de la Nación con anexo de un video, donde se observa al contratista, presuntamente hablando de comisiones por la firma contrato.
Ante esto, señaló en el escrito el señor Nelson Javier Suescún Gómez, cuatro puntos:
- El video que ha venido circulando en diferentes medios de comunicación desde el día 23 de febrero de 2023, el cual sustenta la denuncia presentada ante los entes de control por parte del contralor departamental de Casanare Cipriano Castro Medina; tal y como él mismo lo ha reconocido, es un elemento apócrifo, que ha sido manipulado y editado, razón por la cual debo abstenerme de referirme al mismo.
- Los falsos señalamientos que se refieren a la exigencia de presuntas coimas por parte de funcionarios públicos de Casanare, ya habían sido conocidos y difundidos masivamente en Yopal por diferentes medios, cuyo propósito, al igual que ahora, era afectar la reputación y buen nombre de dichos funcionarios, con fines que desconozco.
- Ningún funcionario público, ni privado, a nivel local o nacional, me ha solicitado o exigido alguna suma de dinero o dádiva alguna, en relación al referido contrato, el cual actualmente está suspendido en cumplimiento de una orden judicial.
- Son los entes de control y las autoridades judiciales y administrativas las competentes para esclarecer dicho suceso y es allí donde acudiré siempre que sea requerido.
