Abogado Lenin Bustos se encadena frente a las instalaciones de la UNGRD en Bogotá.

El abogado Lenin Bustos se encadenó frente a las instalaciones de la UNGRD en Bogotá, exigiendo el pago de un contrato de maquinaria amarilla que afecta a una comunidad de Monterrey Casanare, proveedora de bienes y servicios para este proyecto.

Bustos estuvo acompañado por miembros de la comunidad, quienes denunciaron graves perjuicios económicos, como por ejemplo la dueña de restaurante con una deuda de 21 millones de pesos; otra familia que no pudo enviar a su hija a la universidad por falta de recursos, y otros casos similares.

Según las denuncias, la UNGRD no ha cumplido con los pagos de las obras ejecutadas, generando crisis tanto para los proveedores como para el contratista; la deuda al aprecer superaría los 800 milloones de pesos.

Bustos reveló que, al investigar el caso, descubrió que el contratista había sido secuestrado y posteriormente liberado, argumentando que no podía pagar porque la UNGRD no le había liquidado el contrato, pese a múltiples gestiones ante esa entidad.

Además, el abogado alertó sobre amenazas de un grupo armado ilegal por el incumplimiento de pagos en la región, poniendo en riesgo su vida, la de su familia y la del contratista, a quien los grupos armados culpan del impago.

Inicialemnte, manifiesta el abogado que un funcionario que lo calificó como «de menor rango», llegoa intimidarlos para tratar de convencerlos de desistir de la protesta, Bustos responsabilizó públicamente a la UNGRD de garantizar su seguridad si no resolvía la situación.

Tras ser recibido por funcionarios de la entidad, se confirmó que, aunque el contrato se ejecutó conforme a los términos técnicos, el pago se envió a una cuenta equivocada. Tras ajustes administrativos, se autorizó finalmente su cancelación.

Este caso evidenció que los daños de la anterior administración de Olmedo López son más graves de lo conocido, el contrato de maquinaria amarilla sería solo uno entre muchos incumplidos en el país o contratados sin el lleno de requisitos.

Bustos aclaró, además, que información publicada en algunos medios de comunicación regional es falsa, él nunca ha sido contratista ni es propietario de maquinaria, solo representaba a los proveedores afectados, y la persona que lo acompañó no era su hija, como apresuradamente lo manifestaron algunos medios, pues su hija solo tiene 8 años, pues se trataba de miembros de la comunidad afectada.

Finalmente, el abogado anunció que llevará un caso en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad con una gestión muy cuestionada en Casanare.